El Congreso de Costa Rica decidió este lunes mantener el fuero del presidente Rodrigo Chaves, por lo que el mandatario no podrá ser juzgado durante el tiempo que le resta en el cargo en relación con una acusación por el presunto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Esta fue la primera vez que en la historia del país que el Legislativo vota sobre el levantamiento del fuero presidencial.
Para que el fuero de Chaves se levantara, se requería una mayoría calificada de votos, es decir 38 de los 57 diputados que integran el Legislativo, sin embargo, la votación terminó con 34 a favor de retirarlo y 21 en contra.
“La Asamblea Legislativa determina que no existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves”, afirmó el presidente del Poder Legislativo, Rodrigo Arias, al cerrar la sesión especial inédita que se extendió por casi cinco horas.
Chaves, quien decidió no ejercer su derecho a participar en la sesión de este lunes, podría afrontar la justicia por este caso cuando sea un ciudadano común, a partir del próximo 8 de mayo, fecha en la que termina su mandato de 4 años.
La diputada oficialista y cercana colaboradora de Chaves, Pilar Cisneros, calificó el caso como “burdo” y un “montaje político muy peligroso”.
Entre quienes votaron en contra de levantar el fuero se encuentran los diputados del conservador Partido Nueva República, cuyo líder y candidato presidencial para las elecciones de 2026, Fabricio Alvarado, justificó la decisión en que el caso se hubiera politizado y generaría réditos al partido de Chaves.
Los legisladores que votaron a favor de retirar el fuero al presidente argumentaron que existen pruebas suficientes para abrir un juicio y recordaron que el Congreso no emite un veredicto, sino que otorga el aval para que el Poder Judicial lo procese.
El presidente Chaves ha lanzado críticas al fiscal general, Carlo Díaz, y a los magistrados del Poder Judicial porque considera que el procedimiento en su contra es un “montaje”.
La acusación de la Fiscalía señala la responsabilidad de Chaves en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el BCIE.
El delito de concusión sanciona con penas de dos a ocho años de cárcel “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.