La dinamia administrativa del reemplazo en la conducción del aparato estatal es parte intrínseca tanto de la curva de aprendizaje institucional como de la búsqueda del orden estructural, potenciadores por excelencia de la eficiencia del servicio público; ambas categorías, en el caso Nicaragua, son tiradas por la borda desde la perspectiva sociológica y política. Cabe aplicar entonces el planteamiento de Carlo Cipolla (1922-2000), quien afirmaba que “vivimos rodeados de estúpidos”, entendiendo por ello a aquellas personas cuyas acciones perjudican a otros sin reportar beneficios, ni siquiera para sí mismos.
La disolución del capital institucional, y en el mejor de los casos el reacomodo de dicho capital, se evidencia cada vez que se descabezan los liderazgos burocráticos en las altas esferas ministeriales, especialmente cuando el papel de dichos liderazgos se impone o se rompe como parte del artilugio dictatorial que prima la prevalencia de la obediencia sumisa, a la vez que desnaturaliza la eficiencia de los criterios técnicos como baluarte de la lógica política en la búsqueda del bien común.
Esa nociva práctica sociopolítica se apuntala en la destrucción de la institucionalidad a través de un régimen bicéfalo, hiperpresidencialista y evidentemente cargado de pretensiones dinásticas; de esa forma los relevos de las jefaturas ministeriales lejos de generar cambios positivos, producen el efecto contrario al deteriorar la capacidad institucional y profundizar la percepción ciudadana de la ineficiencia de las entidades públicas.
Es evidente que el principal sostén de la dictadura son los cuerpos armados, convertidos en guardianes de los intereses dictatoriales, principalmente en el de la sucesión del poder dentro del núcleo familiar; de ahí que los únicos cargos que gozan de una estabilidad relativa son las jefaturas de la policía y el ejército sandinista, promoviendo una lealtad perruna a través del nombramiento indiscriminado de altos cargos, destrozando todo viso de institucionalidad establecido en los cuerpos normativos que poseen (¿?) ambas entidades, lo que finalmente genera apatía y desconfianza al eliminar el relevo institucional-generacional de los mandos intermedios.
La racionalidad legal y la profesionalización de los funcionarios planteada por Max Weber (1864-1920) como legitimación de la burocracia moderna, no alcanza ni siquiera el grado de espejismo en la conducción del aparato estatal sandinista, dejando atrás incluso la politización extrema de sus cuadros de conducción ministerial, al carecer de un brazo político que de alguna manera ejerza dicha función. En pocas palabras, asistimos a una etapa autodestructiva de la administración pública, la que seguramente se unirá a otros efectos generados por la dictadura bicéfala y que acompañarán su caída. Todo ello podría llevar a validar nuevamente el planteamiento de Cipolla, “los estúpidos son más peligrosos que los malvados porque su daño es irracional”. He ahí el retrato de los dictadores.
Ezequiel Molina
Octubre 13, 2025
*Con la colaboración de Edward Jenner.