Los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo remitieron a la Asamblea Nacional su Iniciativa de Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, un proyecto que —bajo el discurso del “desarrollo productivo” y la “cooperación internacional”— abre la puerta a la cesión de amplias áreas del territorio nacional a intereses vinculados a China, con exoneraciones fiscales y aduaneras sin precedentes.
La propuesta surge en medio de alertas de Estados Unidos sobre la posible suspensión de beneficios del CAFTA-DR y la aplicación de aranceles del 100% a las exportaciones nicaragüenses.
La propuesta, establece un régimen especial de incentivos fiscales, aduaneros, portuarios y administrativos, con exenciones totales del Impuesto sobre la Renta, IVA, impuestos municipales, de importación y de consumo, durante diez años renovables de forma indefinida.
Entre los fiscales y aduaneros destacan la exención total del Impuesto sobre la Renta (IR) por diez años, con posibilidad de renovación indefinida cada década, así como la exoneración completa del pago de impuestos sobre los dividendos generados por la actividad económica durante el mismo período.
Además, los extranjeros no residentes que presten servicios relacionados con préstamos, asesoría legal, mercadeo o promoción también estarán exentos de impuestos y tasas. La ley prevé igualmente la exención de todos los impuestos de importación, derechos de aduana y de consumo, aplicable a bienes y servicios necesarios para la operación de la empresa, incluyendo infraestructura de apoyo para el personal, como comedores, guarderías, servicios médicos y áreas recreativas.
Las compañías también estarán libres de IVA en compras locales e importaciones, impuestos indirectos, impuestos sobre la transmisión de bienes muebles e inmuebles, y tasas municipales, consolidando un régimen de privilegios fiscales prácticamente total para los proyectos que se instalen en estas zonas especiales.
La iniciativa dispone además que la Comisión Nacional de Zonas Francas, dependiente directamente de los co-dictadores, será la encargada de administrar y autorizar los proyectos, mientras una Comisión Especial, integrada exclusivamente por altos funcionarios designados por Ortega y Murillo (entre ellos ministros, el presidente del Banco Central y la Procuradora General), tendrá el control de toda la política del nuevo régimen.
El proyecto también prevé “tramitología simplificada” para empresas nacionales o extranjeras, tarifas preferenciales de energía y alquiler de terrenos estatales mediante concesiones a largo plazo, condiciones que podrían favorecer megaproyectos chinos en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que Nicaragua se adhirió formalmente en 2021.
En la práctica, esta ley replica el modelo de zonas especiales implementado por China en África y Asia, donde empresas estatales o vinculadas al Partido Comunista han operado con autonomía económica y jurídica.
El texto de la ley, que será aprobado sin debate en el parlamento controlado por el sandinismo, ratifica el alineamiento total del régimen Ortega-Murillo con el bloque chino y marca un paso más en su estrategia de dependencia financiera y política de Pekín, tras el rompimiento con Taiwán y la crisis económica derivada de las sanciones internacionales.
El contexto económico es crítico: Estados Unidos ha iniciado consultas sobre la suspensión de beneficios del CAFTA-DR a Nicaragua, y se analiza la imposición de aranceles del 100% a productos nicaragüenses, lo que podría golpear duramente la economía nacional y aumentar la dependencia del régimen respecto a inversiones extranjeras alineadas con China.