El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó hoy a la comunidad internacional a exigir responsabilidades al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en el país desde 2018.
El llamado se produjo durante la presentación de sus conclusiones ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en su 33.ª sesión plenaria del 80.º período de sesiones, celebrada en Ginebra.
“Durante décadas, Nicaragua ha promovido la imagen de Centroamérica como una región de paz, democracia y desarrollo”, señaló Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
“Resulta trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea General como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el Estado de derecho y las instituciones democráticas”, añadió.
Las conclusiones del Grupo, basadas en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos, evidencian una política deliberada del régimen nicaragüense para silenciar la disidencia, tanto dentro como fuera del país.
Según el informe, el régimen ha consolidado su poder “mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del Estado de derecho”.
Los expertos documentaron violaciones generalizadas y sistemáticas, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y un aumento “profundamente inquietante” de las desapariciones forzadas.
“El uso de la desaparición forzada refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre”, advirtió Reed Brody, miembro del Grupo.
“El sistema jurídico es tan depredador que las familias se exponen a nuevos abusos solo por buscar a sus seres queridos”, agregó.
Represión más allá de las fronteras
El informe también denuncia la expansión de la represión estatal fuera del territorio nicaragüense, dirigida contra opositores exiliados. Miles de personas han sido despojadas de su nacionalidad, identidad jurídica y bienes, además de sufrir hostigamiento, vigilancia y amenazas en el extranjero.
“La privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir”, afirmó Ariela Peralta, también integrante del Grupo. “Destruye vidas, separa familias y corta el vínculo de las personas con su país”.
En junio de 2025, el asesinato en Costa Rica del mayor retirado Roberto Samcam, crítico del régimen, encendió nuevas alarmas. Fue, al menos, el cuarto ataque contra exiliados nicaragüenses en ese país.
“El Gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero, negándoles documentos vitales, intimidando a sus familiares y manipulando mecanismos internacionales de aplicación de la ley”, denunció Brody.
Aislamiento internacional y llamado a la acción
El Grupo también alertó sobre el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, lo que consideran una estrategia para evadir el escrutinio internacional.
“El aislamiento del Gobierno no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad”, subrayó Simon. “La situación de Nicaragua en este foro es una señal de alerta de que la represión ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”.
Finalmente, los expertos pidieron a los Estados miembros adoptar medidas concretas, entre ellas acciones legales, sanciones selectivas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüenses en el exilio.
También instaron a promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
“El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible”, concluyó Peralta.