El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó este jueves un informe contundente que exige responsabilidades al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El documento, basado en más de 1,900 entrevistas y 9,300 pruebas, detalla violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos desde 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, persecución política y religiosa, y desplazamientos forzados. Los expertos instan a los Estados miembros a activar mecanismos internacionales de justicia y aplicar sanciones coordinadas contra los responsables directos.
Un informe histórico ante la Asamblea General de la ONU
Durante la presentación ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el grupo de expertos pidió a la comunidad internacional romper el silencio y respaldar la búsqueda de justicia para las víctimas nicaragüenses.
El abogado Salvador Marenco, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, calificó la jornada como “histórica” por exponer ante la ONU la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura.
Afirmó que cada testimonio recogido representa una prueba viviente del sufrimiento del pueblo nicaragüense y una base sólida para el proceso de rendición de cuentas.
Crímenes documentados: tortura, ejecuciones y desapariciones
El informe documenta una política sistemática de represión en Nicaragua, con más de 355 asesinatos entre abril de 2018 y junio de 2019, además de una continuidad de ejecuciones extrajudiciales y persecuciones en países como Costa Rica, Honduras, España y Estados Unidos.
El abogado explicó que las desapariciones forzadas se han institucionalizado a medida que el régimen eliminó todo acceso a la justicia, cerró expedientes judiciales y persiguió a los defensores de derechos humanos. “Nicaragua vive bajo un sistema de terror donde desaparecen personas y se amenaza a sus familias para silenciarlas”, enfatizó.
Apatridia, confiscaciones y persecución transnacional
El informe denuncia la desnacionalización y confiscación de bienes como una forma de persecución política. Más de 450 opositores fueron despojados de su nacionalidad y de sus pensiones, quedando sin documentos y en extrema vulnerabilidad.
Asimismo, se advierte que el régimen Ortega-Murillo ha exportado sus métodos de represión a otros países autoritarios, convirtiéndose en una amenaza a la paz y la seguridad regional. Nicaragua es señalada como un Estado que promueve la impunidad, la persecución y el uso de la nacionalidad como instrumento de castigo político.
Llamado a sanciones internacionales y justicia universal
Los expertos recomendaron a los Estados homologar las sanciones internacionales, activar la jurisdicción universal y llevar al régimen ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a las convenciones contra la tortura y la apatridia.
Marenco subrayó que el régimen no se conmueve por el dolor del pueblo, sino por las sanciones, por lo que insistió en aumentar la presión económica y diplomática.
“El sistema represivo es costoso y depende de recursos que pueden ser bloqueados por sanciones efectivas”, explicó.
Reacción internacional y próximos pasos
Tras la presentación del informe, siete expresidentes de Costa Rica —entre ellos Óscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís— expresaron su apoyo al documento y pidieron al Gobierno costarricense proteger a las personas exiliadas nicaragüenses y respaldar la denuncia ante la CIJ.
El colectivo Nicaragua Nunca Más anunció nuevas jornadas de incidencia en Nueva York y Washington, bajo el lema “Nicaragua entre la cárcel, el destierro y la represión transnacional”, que buscan visibilizar las denuncias de las víctimas y mantener la presión internacional.
Marenco concluyó que el trabajo del GREN marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad: “La dictadura está emplazada ante el mundo. Cada testimonio, cada denuncia y cada informe acercan a Nicaragua al día de la justicia”.