El tribunal ordena investigar y buscar de forma diligente el paradero del militar retirado, desaparecido en 1983, y reparar a sus familiares
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la desaparición forzada y tortura del coronel en retiro José Ramón Silva Reyes, ocurrida a partir del 31 de octubre de 1983, y por la falta de acceso a la justicia que durante más de cuatro décadas ha afectado a sus familiares.
Durante el acto público de notificación de la sentencia, el Tribunal informó que Nicaragua no acreditó representación alguna. La audiencia fue presidida por la jueza Nancy Hernández López, quien dio lectura a los puntos resolutivos.
La Corte determinó, por unanimidad, que el Estado nicaragüense violó los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la verdad, a la familia y a la niñez, en perjuicio de Silva Reyes y de sus hijos: Denis Silva García, Ramón Silva López, Aníbal Silva López, Marvin Silva López, Juan Silva Espinoza, Alba Silva e Indiana Silva López.
El Tribunal ordenó al Estado investigar de manera seria, sistemática y con debida diligencia lo ocurrido, buscar el paradero de Silva Reyes, identificar y sancionar a los responsables, y pagar indemnizaciones compensatorias a los familiares.
Además, dispuso que Nicaragua presente en un plazo de un año un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia, la cual será supervisada por la Corte hasta su total ejecución.
Un crimen de Estado durante la Revolución Sandinista
Según el expediente, Silva Reyes, entonces coronel retirado de la Guardia Nacional, se refugió con su familia en la Embajada de Guatemala en Managua tras el triunfo de la Revolución Sandinista, en 1979, donde permaneció bajo asilo hasta octubre de 1983.
De acuerdo con testimonios recopilados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Silva Reyes fue sacado de la embajada mediante engaños, entregado a la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) y posteriormente torturado y asesinado en un centro clandestino cercano a la Cárcel Modelo de Tipitapa.
Su hijo, Denis Silva, emprendió durante años la búsqueda de justicia y denunció las amenazas y persecución que sufrió en Nicaragua por investigar el caso, lo que lo obligó a exiliarse en 2017.
Estado en desacato
Desde 2022, Nicaragua se encuentra en desacato ante la Corte IDH, al negarse a acatar medidas provisionales y participar en audiencias relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La sentencia del caso Silva Reyes y otros vs. Nicaragua se suma a una serie de fallos internacionales que documentan la continuidad de la impunidad estatal y el incumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.