El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su misión del Artículo IV en Nicaragua y, aunque destacó la “resiliencia” macroeconómica del país, también advirtió sobre un conjunto de riesgos que podrían deteriorar el panorama económico en los próximos años.
La misión, que se desarrolló del 3 al 14 de noviembre, sostuvo reuniones con las principales autoridades económicas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como representantes del sector privado y de la comunidad internacional.
La lectura del FMI presenta una economía que, según los datos oficiales, mantiene estabilidad fiscal, baja inflación y reservas internacionales robustas.
Pero también revela sombras: la dependencia de las remesas, la exposición a sanciones internacionales, la fragilidad del Estado de derecho y el deterioro del clima empresarial, factores que podrían acelerar un deterioro económico si se agravan las presiones externas.
Crecimiento sostenido… pero sostenido por las remesas
El FMI informó que el PIB nicaragüense creció 3,9% en el primer semestre de 2025, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones y el fuerte crecimiento de las remesas.
Estas últimas se dispararon en respuesta al endurecimiento migratorio en Estados Unidos, que llevó a miles de familias a enviar más dinero ante el temor de perder estatus migratorio.
El organismo reconoció que estos flujos continúan sosteniendo un superávit en cuenta corriente y una acumulación de reservas internacionales, que alcanzaron 7.500 millones de dólares en septiembre (7,9 meses de importaciones).
Sin embargo, subrayó que la economía sigue excesivamente dependiente de los recursos que envían los migrantes, una fuente volátil y vulnerable a cambios de política en Washington.
Para 2026, el crecimiento económico se moderaría a 3,4%, lastrado por una reducción de remesas, menores exportaciones y posibles impactos derivados de aranceles estadounidenses del 18% a productos nicaragüenses.
Advertencias sobre la incertidumbre política y sanciones
El informe subraya que los riesgos están “marcadamente inclinados a la baja”. Entre los factores más delicados destacan:
- La incertidumbre comercial global y nuevas medidas estadounidenses, incluyendo decisiones pendientes del Representante Comercial (USTR) sobre políticas que podrían afectar aún más las exportaciones.
- Sanciones internacionales más estrictas, que afectarían la inversión, el comercio y las operaciones del sector público.
- Desastres naturales, un riesgo particularmente alto en Nicaragua.
La misión también subraya la vulnerabilidad del país frente a cambios en programas migratorios clave, como el parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS), cuyos beneficios han reducido la presión social interna y sostenido la economía.
El FMI sin mencionar la deriva autoritaria
Aunque el informe es técnico y evita entrar en valoraciones políticas, sí incluye advertencias indirectas que apuntan al deterioro institucional del país. El Fondo destaca que para sostener un crecimiento mayor a mediano plazo se requiere:
- Mejorar el clima de negocios.
- Fortalecer el Estado de derecho.
- Incrementar la transparencia en procesos administrativos y judiciales, especialmente en materia de derechos de propiedad.
Estos señalamientos, habituales pero relevantes, chocan con la realidad de un régimen señalado por confiscaciones, arbitrariedades judiciales y una política económica subordinada al poder político central.
Sistema financiero presionado y riesgo de crisis
El FMI valoró positivamente las reformas legales aprobadas a inicios de 2025, que incrementaron los colchones de capital y ajustaron el marco de supervisión.
Sin embargo, pidió acelerar la preparación de planes de contingencia ante potenciales crisis financieras y advirtió que el sistema debe estar listo para liberar o activar los colchones de capital anticíclicos si fuera necesario.
Esto ocurre en un contexto de ajuste en el crédito, ya que los bancos han reducido préstamos para cumplir con mayores requisitos de capital. Aunque la cartera morosa sigue siendo baja (1,2% en 2025), el FMI sugiere cautela: la capacidad real de pago de los hogares depende en gran medida de las remesas.
Ajustes fiscales y riesgos del INSS
El FMI respalda la política fiscal “prudente” del régimen, que proyecta un superávit del 1.5% del PIB en 2026.
No obstante, reitera un viejo señalamiento: los desequilibrios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) siguen sin resolverse y continúan absorbiendo recursos del Gobierno central.
Para el organismo, es crucial mejorar la recaudación tributaria, revisar las transferencias a empresas estatales y evitar que cambios adversos obliguen a sacrificar inversión social o en infraestructura.
Gobernanza, transparencia y lavado de dinero
El informe presiona, aunque de forma diplomática, por avances reales en gobernanza. El FMI menciona:
- La necesidad de publicar declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, algo prácticamente impensable bajo el régimen Ortega-Murillo.
- Mayor control sobre el sector del oro, señalado internacionalmente como un canal de alto riesgo para lavado de dinero.
- Preparación para la evaluación de GAFILAT en materia de ALD/CFT.
El organismo reconoce avances parciales en “transparencia fiscal”, como la ampliación de datos de empresas públicas, pero subraya que el país aún tiene un largo camino para cumplir con estándares internacionales.
Conclusión: estabilidad superficial con riesgos profundos
El FMI vuelve a presentar un diagnóstico dual de Nicaragua: estabilidad macroeconómica sostenida por factores externos y una política fiscal estricta, pero acompañada de vulnerabilidades estructurales crecientes —institucionales, comerciales, políticas y sociales— que podrían deteriorarse rápidamente ante cambios externos.
El régimen Ortega-Murillo utiliza estos informes como prueba de “solidez económica”. Pero la lectura técnica del Fondo muestra que el país sigue dependiendo de:
- Remesas crecientes,
- un sector privado presionado,
- instituciones frágiles,
- y un entorno internacional cada vez más adverso.
La estabilidad que muestra Nicaragua, concluye el informe implícitamente, no será sostenible sin reformas profundas en transparencia, Estado de derecho y gobernanza económica.