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Cuba, Nicaragua y Venezuela conforman la “tríada autoritaria” de represión religiosa, según la USCIRF

Cuba, Nicaragua y Venezuela integran una “tríada autoritaria” latinoamericana donde sus respectivos regímenes ejercen persecución religiosa sistemática para consolidar su control político, advirtió la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) en una actualización publicada este 18 de noviembre.

El organismo describió a los tres países como los regímenes más restrictivos de la libertad religiosa en la región, con patrones paralelos de vigilancia, hostigamiento, criminalización y cooptación de comunidades de fe.

En los tres casos, el partido oficialista “controla completamente las funciones estatales y viola los derechos humanos para reprimir a la oposición”.

Nicaragua y Cuba: los principales agresores

La USCIRF señala que Nicaragua y Cuba encabezan la represión religiosa en América Latina.

En el caso nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha escalado la persecución contra iglesias y líderes religiosos desde 2018, tratándolos como opositores políticos.

Entre los casos recientes, la comisión destacó el arresto del pastor Rudy Palacios Vargas, detenido junto a siete personas en julio pasado, uno de ellos fallecido en custodia bajo circunstancias no esclarecidas.

Palacios ha sido blanco del régimen desde que brindó auxilio a estudiantes manifestantes en 2018.

Nicaragua también ha utilizado la desnacionalización como herramienta de castigo contra voces críticas, incluyendo laicos católicos, líderes evangélicos y miembros del ministerio cristiano Mountain Gateway (Puerta de la Montaña), dentro de un total de al menos 450 personas despojadas de su ciudadanía desde 2023.

En Cuba, la represión se manifiesta a través de citaciones policiales arbitrarias, vigilancia, infiltración de templos, detenciones y amenazas. La nueva Ley de Ciudadanía de 2024, inspirada en el modelo nicaragüense, permite revocar la ciudadanía a quienes realicen actos considerados “contrarios al interés político, económico o social”.

Venezuela: vigilancia, amenazas y cooptación

Aunque Venezuela no alcanza los niveles de Nicaragua y Cuba, la USCIRF documentó un patrón similar de intimidación a líderes religiosos percibidos como críticos del régimen de Nicolás Maduro.

En enero, agentes encapuchados detuvieron al periodista cristiano Carlos José Correa Barros, director de Espacio Público, quien estuvo desaparecido más de una semana.

El informe también señala el programa “Mi Iglesia Bien Equipada”, mediante el cual el chavismo entregó subsidios a 13.000 pastores, interpretado como una estrategia para cooptar apoyo religioso y reducir el espacio crítico.

Hostigamiento, vigilancia y control del discurso religioso

La USCIRF identifica cuatro patrones comunes en la tríada autoritaria:

  1. Hostigamiento persistente: amenazas, citaciones, vigilancia policial en templos, campañas de difamación y presencia intimidatoria.
  2. Obstáculos legales: uso de leyes “neutras” contra ONG, normas anticorrupción o antiterrorismo aplicadas para criminalizar la actividad religiosa.
  3. Cooptación y favoritismo: beneficios para grupos religiosos alineados con el gobierno.
  4. Detención y criminalización: encarcelamiento de líderes religiosos por motivos políticos o por realizar actividades pastorales consideradas “amenazantes”.

En Cuba y Nicaragua, estas prácticas han llevado a la cárcel a más personas por motivos religiosos que en cualquier otro país de la región: 11 en Cuba y 84 en Nicaragua, según la lista de víctimas del organismo.

Reconocimiento y recomendaciones internacionales

En 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. designó a Cuba y Nicaragua como Países de Especial Preocupación (PEP) por violaciones graves y sistemáticas a la libertad religiosa.

La USCIRF reafirmó esta recomendación en su Informe Anual 2025, e instó a considerar sanciones específicas.

Aunque el informe anual no incluyó una evaluación integral de Venezuela, la actualización subraya que las violaciones en este país —y en Nicaragua— son tan generalizadas que expertos internacionales las consideran crímenes de lesa humanidad.