El Gobierno de Estados Unidos decidió congelar de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Nicaragua, como parte de una nueva ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La medida, que entrará en vigor el 21 de enero, fue confirmada este miércoles por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y se basa en una revisión exhaustiva de los procedimientos de selección consular para impedir el ingreso de solicitantes considerados con riesgo de convertirse en una “carga pública” para el Estado estadounidense.
Según un memorando interno del Departamento de Estado, citado por la cadena Fox News, los funcionarios consulares han sido instruidos a pausar y rechazar solicitudes de visas de inmigrante bajo la legislación vigente mientras se realiza la reevaluación de los criterios de admisibilidad.
La suspensión no tiene una fecha definida para su levantamiento.
Nicaragua, entre los países afectados
Nicaragua figura en la lista de países alcanzados por la congelación, junto a otros de América Latina como Cuba, Haití, Colombia, Brasil, Guatemala y Uruguay, así como naciones de África, Medio Oriente, Asia y Europa del Este.
La decisión afecta directamente a miles de nicaragüenses que buscan emigrar de manera legal a Estados Unidos, en un contexto marcado por el exilio forzado, la persecución política y el colapso económico provocado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Endurecimiento del criterio de “carga pública”
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, explicó que la pausa busca impedir que ingresen al país personas que eventualmente dependan de programas de asistencia social financiados con fondos públicos.
La evaluación incluirá factores como edad, estado de salud, dominio del idioma inglés, situación financiera, historial migratorio y posibles necesidades médicas a largo plazo. Incluso solicitantes mayores o con antecedentes de uso de ayudas estatales podrían ser considerados inadmisibles.
Las excepciones, según las autoridades estadounidenses, serán “muy limitadas” y solo se otorgarán tras superar estrictas revisiones.
Aunque la figura de “carga pública” existe desde hace décadas en la legislación migratoria estadounidense, su aplicación ha variado entre administraciones. En 2019, Trump amplió el alcance de esta norma, una decisión que fue parcialmente bloqueada en tribunales y posteriormente revertida por la administración de Joe Biden en 2022.
Ahora, con el regreso de Trump al poder, la política vuelve a endurecerse, ampliando nuevamente los criterios para negar visas y congelando procesos migratorios de manera generalizada.