El Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció este viernes 16 de enero el desacato sistemático y permanente de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenan medidas urgentes para proteger la vida e integridad de las personas presas y excarceladas políticas en Nicaragua.
Según el Colectivo, el régimen no solo no ha informado sobre el cumplimiento de dichas resoluciones, sino que las ignora de manera deliberada, mientras decenas de nicaragüenses continúan privados arbitrariamente de su libertad en condiciones inhumanas, sometidos a tortura y malos tratos, hechos que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos.
La organización advirtió que las personas excarceladas tampoco gozan de libertad real, ya que enfrentan una “muerte civil”.
Se les niega el acceso a empleo, se les restringe la movilidad, se les obliga a presentarse diariamente ante autoridades policiales y permanecen bajo constante vigilancia. En varios casos, las víctimas han sido amenazadas al momento de su liberación con frases como: “solo tenés derecho a vivir”.
El Colectivo recordó que el pasado 10 de enero, al menos 24 personas presas políticas fueron excarceladas tras firmar cartas de compromiso, bajo amenazas explícitas del comisionado general Julio Guillermo Orozco, quien incluso declaró ante medios oficialistas que esta “libertad” debía ir acompañada de “disciplina y saberse conducir”.
Actualmente, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 44 personas continúan detenidas arbitrariamente, entre ellas varias en condición de desaparición forzada.
El Colectivo acompaña directamente a 15 de estos casos, cuyos familiares han denunciado un grave y progresivo deterioro de la salud, así como la práctica sistemática de tortura y malos tratos.
Entre las personas acompañadas se encuentran dos mujeres, seis adultos mayores, cinco personas desaparecidas forzadamente y un preso político que lleva casi siete años privado de libertad, mientras sus familias enfrentan una angustia permanente ante la falta total de información sobre su paradero o estado de salud.
El Colectivo subrayó que la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada constituyen crímenes de lesa humanidad, y afirmó haber identificado al menos 160 perpetradores de estos crímenes en casi ocho años de represión continua.
Finalmente, la ONG exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas y el cese de las medidas represivas que equivalen a casa por cárcel con hostigamiento permanente.
Asimismo, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, en particular a los Estados del continente americano y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que asuman un rol activo y garanticen el cumplimiento inmediato de las resoluciones de la Corte IDH, incluyendo la restitución de la nacionalidad a las personas desterradas y el fin de la impunidad en Nicaragua.