El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a 38 personas detenidas por celebrar en redes sociales la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, pero mantiene bajo vigilancia y sin información clara a decenas más, en lo que defensores de derechos humanos califican como una nueva fase de represión política a ciudadanos comunes.
Así lo denunció Claudia Pineda, vocera de la ONG Monitoreo Azul y Blanco, organización que da seguimiento a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde el exilio.
En entrevista con La Mesa Redonda, Pineda explicó que entre el 3 y el 8 de enero se registraron al menos 71 detenciones, relacionadas directamente con expresiones en redes sociales tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense.
“De estas 71 personas hemos logrado confirmar la excarcelación de 38. Todavía quedan unas 33 de las que no tenemos información”, detalló.
Sin listas oficiales, con miedo y subregistro
Pineda subrayó que el trabajo de documentación se realiza sin acceso a información oficial, ya que el Estado nicaragüense no publica listas de detenidos ni reconoce formalmente muchas de estas capturas.
“No hay listas oficiales. Todo nuestro trabajo requiere mucho tiempo para confirmar caso por caso. Nosotros solo damos datos a partir de lo que podemos confirmar”, explicó.
La vocera fue enfática en aclarar que la falta de información no implica necesariamente que las 33 personas restantes sigan en prisión, pero tampoco permite afirmar que hayan sido liberadas.
“No sería responsable decir que están en cárcel. Lo que podemos decir con certeza es que no tenemos información sobre su situación”, afirmó.
El miedo a denunciar, la posibilidad de represalias y la vigilancia constante han generado un alto subregistro, lo que impide establecer una cifra definitiva de personas presas por motivos políticos en Nicaragua.
Excarcelaciones parciales y listas en reconstrucción
Además de las detenciones vinculadas a la captura de Maduro, el Monitoreo Azul y Blanco documentó otras excarcelaciones el 10 de enero, cuando al menos 24 personas que llevaban más tiempo encarceladas fueron liberadas.
“Estamos rehaciendo nuestra lista. No solo hubo excarcelaciones de este grupo, sino también de personas que llevaban meses o años en prisión”, explicó Pineda.
Con base en los registros anteriores a diciembre y las excarcelaciones confirmadas, la ONG estima que al menos unas 40 personas de listas previas continúan privadas de libertad, a lo que se suma un número indeterminado de casos que aún no han podido ser documentados.
Libertad vigilada: “ciudad por cárcel”
Las 38 personas excarceladas no recuperaron su libertad plena. Según la información recopilada por la ONG, permanecen bajo un régimen de “reporte y control”.
“Tienen que ir a firmar a una estación policial, pedir permiso para movilizarse y, en muchos casos, tienen la ciudad por cárcel”, explicó Pineda.
Algunos excarcelados incluso han reportado que tienen el país por cárcel, lo que implica restricciones severas a su movilidad.
Este tipo de medidas, advierte la ONG, prolonga la represión fuera de las cárceles, manteniendo a las personas bajo control permanente del Estado.
La presión internacional sí ha funcionado
Pineda considera que la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido un factor clave en las excarcelaciones recientes.
“La campaña de denuncia del Departamento de Estado ha sido bastante eficiente”, aseguró.
La vocera recordó que tras publicaciones y pronunciamientos oficiales de Washington, el régimen ha reaccionado presentando personas desaparecidas o procediendo a excarcelaciones.
“Después de un tuit del Departamento de Estado reaccionaron excarcelando entre 24 y 30 personas. Ya lo habían hecho antes con otros casos específicos”, señaló.
A su juicio, la captura de Maduro por parte de Estados Unidos también tuvo un efecto disuasivo sobre el régimen nicaragüense.
“Ortega y Murillo se vieron reflejados en la situación de Maduro. Han tenido que volver a ver cuáles son las señales que envía el gobierno de Trump”, afirmó.
De activistas a ciudadanos comunes: el nuevo perfil del encarcelado
Uno de los aspectos más preocupantes, según Pineda, es el cambio en el perfil de las personas encarceladas.
“Antes eran personas organizadas: activistas, dirigentes políticos, religiosos. Ahora estamos viendo ciudadanos comunes que solo dieron un ‘like’ o hicieron un comentario que no le gustó al régimen”, explicó.
Este nuevo perfil implica mayor vulnerabilidad: menos conocimiento de mecanismos de denuncia, menor capacidad de organización y más miedo a buscar ayuda.
“Son personas menos vinculadas a la política, con menos manejo del riesgo y menos conocimiento de cómo funcionan los organismos de derechos humanos”, advirtió.
A ello se suma que allegados o antiguos simpatizantes del régimen también han sido encarcelados, lo que genera la expectativa de una liberación discreta o el temor a represalias si denuncian públicamente.
La importancia de denunciar
Pineda insistió en que la denuncia pública e internacional sí marca una diferencia.
“Lo hemos visto: las personas que han denunciado han sido visibilizadas, excarceladas o han mejorado sus condiciones”, afirmó.
Por ello, el Monitoreo Azul y Blanco busca abrir espacios de confianza para las familias de las personas detenidas, ofreciendo acompañamiento emocional, solidario y legal.
“No están solas”, subrayó.
La ONG dispone de canales seguros de comunicación, como correo electrónico y contacto inicial por redes sociales, que luego se trasladan a mecanismos más protegidos.
“La idea es acompañarles, apoyarles y, si así lo deciden, impulsar las medidas que sean pertinentes”, explicó.