El Gobierno de España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y de otro diplomático nicaragüense, en aplicación del principio de “estricta reciprocidad”, tras la expulsión considerada injusta del embajador español en Managua y del segundo jefe de la legación diplomática, informaron este lunes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La decisión fue tomada el domingo, aunque trascendió públicamente hasta este lunes.
El Ministerio español subrayó que, pese a la gravedad del incidente, España seguirá trabajando por mantener las mejores relaciones posibles con el pueblo nicaragüense.
El hasta ahora embajador de la dictadura nicaragüense en España confirmó a la agencia EFE que recibió la orden de expulsión y que ya se encuentra fuera del país, rumbo a Nicaragua, con escala en Roma.
“Cada país es soberano y toma sus decisiones”, declaró, sin ofrecer más valoraciones.
Ruptura abrupta de relaciones diplomáticas
La medida del Gobierno español se produce luego de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsara de Nicaragua al embajador de España, Sergio Farré Salvá, quien llevaba menos de dos meses en el cargo tras haber llegado a Managua el 2 de diciembre de 2025.
Junto a él también fue expulsado el ministro consejero de la embajada, Miguel Mahiques Núñez, lo que dejó descabezada por completo la misión diplomática española en el país centroamericano.
Fuentes diplomáticas señalaron que la expulsión ocurrió el domingo 25 de enero y que no se ofrecieron explicaciones oficiales por parte del régimen nicaragüense.
La salida forzada de Farré Salvá se convierte en la misión más breve de su carrera diplomática, que se extiende por más de dos décadas y ha incluido destinos en Sudán, Eslovenia, Bolivia y ante la Unión Europea, entre otros.
Una relación marcada por tensiones y represalias
Las relaciones entre España y Nicaragua han estado marcadas por tensiones constantes en los últimos años.
En 2021, el régimen de Ortega acusó a España de “intromisión” en asuntos internos, lo que llevó al Gobierno español a llamar a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y a rechazar de forma tajante las acusaciones sandinistas.
En 2023, el régimen nicaragüense expulsó y despojó de la nacionalidad a centenares de opositores, incluidos diplomáticos, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y estudiantes.
En respuesta, España ofreció la nacionalidad española a los afectados, así como a otros opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua.
Además, en marzo del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley —con respaldo del oficialismo y la oposición— para condenar la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua, exigir el cese inmediato de la represión y promover sanciones más severas desde la Unión Europea contra el régimen sandinista.
La expulsión del embajador español ocurre en un momento particularmente delicado para la dictadura Ortega-Murillo, aliada de los regímenes de Venezuela y Cuba, ambos bajo creciente presión internacional.