Durante una reciente transmisión del programa La Mesa Redonda, el periodista y analista Sergio Marín Cornavaca denunció lo que calificó como una “estafa contra las familias nicaragüenses” en el proceso de matrícula escolar 2026, debido a la exigencia obligatoria de presentar un acta de nacimiento “actualizada” para poder inscribir a los estudiantes en el sistema público.
Según expuso Marín en el programa, miles de padres y madres de familia se encuentran actualmente haciendo largas filas frente a Registros Civiles y delegaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) para obtener un documento que antes no era necesario para la matrícula regular.
“Están bloqueando la matrícula automática y obligando a las familias a pagar por un papel que el Estado ya tiene en sus archivos”, señaló el comunicador, describiendo la situación como un caos administrativo provocado que golpea directamente la economía de los hogares.
Un cobro que podría representar millones
En su intervención, Marín puso énfasis en el impacto económico nacional de la medida. Recordó que el costo de cada acta es de 100 córdobas, y que la matrícula proyectada para 2026 ronda los 1.8 millones de estudiantes en el sistema público.
“Saquen la cuenta: estamos hablando de unos 180 millones de córdobas que salen directamente del bolsillo de los padres de familia”, afirmó durante la transmisión. A su juicio, esto constituye una recaudación masiva disfrazada de trámite administrativo.
Marín cuestionó además los argumentos oficialistas que minimizan el impacto del cobro. “Decir que 100 córdobas no son una carga es no entender cómo vive la mayoría de las familias en este país”, expresó, aludiendo a hogares donde ese monto representa alimentos básicos o transporte diario.
Señalamientos de control sobre la niñez
Más allá del aspecto económico, el periodista advirtió sobre lo que considera un trasfondo político en la medida. Durante el programa, relacionó la exigencia del nuevo documento con la asignación de un llamado “Código de Persona”, lo que —según afirmó— implicaría que la información de los menores pasa a integrarse de forma más directa a bases de datos administradas por el CSE.
Marín recordó que en 2025 el régimen anunció la derogación de la Ley de Identificación Ciudadana tras fuertes críticas públicas. Sin embargo, sostuvo que lo que ocurre ahora sería una forma de aplicar esos mecanismos “por la vía de los hechos”.
“Te dicen que quitaron la ley, pero te la imponen en la matrícula. Es vigilancia desde la cuna”, afirmó en La Mesa Redonda.
La educación en medio de la polémica
El comunicador concluyó que el problema va más allá de un trámite burocrático. A su juicio, el derecho a la educación está siendo condicionado a pagos adicionales y a nuevos mecanismos de registro estatal, lo que transforma la matrícula en un proceso más complejo y costoso para la población.
Mientras tanto, las filas continúan creciendo en distintas ciudades del país. Padres y madres, pese al malestar, cumplen con el requisito por una razón fundamental: garantizar que sus hijos no se queden fuera de las aulas.
Desde La Mesa Redonda, Marín expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró su denuncia de que la educación pública no debe convertirse en un mecanismo de recaudación ni de control político.