Por Mauricio Samcam | Martes 27 de enero, 2026
La limitada efectividad de los organismos internacionales para frenar regímenes autoritarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos ha puesto en evidencia las debilidades del sistema internacional de protección democrática. Nicaragua es hoy un caso paradigmático: un país con instituciones capturadas, violencia estatal sistemática y sin condiciones mínimas para que la ciudadanía se organice en partidos políticos creíbles o ejerza oposición cívica sin represalias.
En este contexto, las acciones de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero de 2026 reabrieron el debate regional sobre los límites de la diplomacia tradicional, el uso de sanciones y el papel de las potencias internacionales frente a regímenes que se perpetúan en el poder mediante la represión y el control absoluto del Estado.
La pregunta central para Nicaragua es clara: ¿qué escenarios existen cuando las vías internas de cambio democrático están cerradas y qué responsabilidades tiene la comunidad internacional —en especial Estados Unidos— para evitar la perpetuación indefinida del régimen de Daniel Ortega?
La ineficacia del sistema internacional frente a los autoritarismos
Durante décadas, organismos multilaterales como la ONU y la OEA han mostrado una capacidad limitada para contener regímenes autoritarios. Resoluciones y condenas diplomáticas han tenido poco impacto cuando no existen costos reales para quienes concentran el poder (Levitsky & Way, 2010).
En Nicaragua, pese a informes consistentes sobre crímenes de lesa humanidad, persecución política y desmantelamiento del Estado de derecho, el régimen se ha sostenido gracias al control interno, la fragmentación de la presión internacional y el respaldo de aliados extrarregionales.
Venezuela como punto de inflexión regional
Lo ocurrido en Venezuela en enero de 2026 marcó un quiebre en la conducta internacional frente a un régimen autoritario. Más allá de las controversias jurídicas que generó, el mensaje estratégico fue inequívoco: la inacción prolongada también es una decisión con consecuencias.
Al mismo tiempo, la experiencia venezolana demuestra que cualquier acción externa, si no va acompañada de una estrategia clara de transición, justicia e institucionalidad, puede derivar en escenarios de inestabilidad y conflicto prolongado (Kaldor, 2007).
Escenarios posibles para Nicaragua
En el contexto actual, Nicaragua enfrenta tres escenarios principales:
1. Perpetuación autoritaria, mediante represión sistemática, exilio forzado y elecciones sin competencia real.
2. Transición inducida por presión internacional, con sanciones e incentivos claros para una salida negociada.
3. Escenario de ruptura interna, producto de una fractura en el núcleo de sostenimiento del régimen, con menores costos humanos si es gestionado estratégicamente.
El Ejército como factor clave para una transición pacífica
La evidencia comparada demuestra que las transiciones pacíficas en regímenes cerrados suelen producirse cuando se quiebra el soporte coercitivo del poder (O’Donnell & Schmitter, 1986). En Nicaragua, el Ejército constituye un actor central en ese equilibrio.
La comunidad internacional puede contribuir creando incentivos condicionados que faciliten una ruptura institucional sin otorgar impunidad absoluta:
• Garantías de preservación institucional, diferenciando responsabilidades individuales.
• Reintegración a esquemas de cooperación internacional, condicionada a la subordinación al poder civil.
• Exclusión explícita de amnistías generales para crímenes de lesa humanidad.
• Marcos de seguridad jurídica transicional para quienes faciliten la transición sin haber cometido delitos graves (Teitel, 2000).
Recuadro de análisis
El rol de las fuerzas armadas en transiciones democráticas: lecciones comparadas
España (1975–1982)
La transición española se basó en la neutralidad activa de las fuerzas armadas y en la preservación institucional. La subordinación al poder civil fue gradual, logrando estabilidad, aunque con una deuda histórica en materia de justicia.
(Linz & Stepan, 1996)
Chile (1990–2005)
La salida negociada del régimen de Pinochet combinó incentivos institucionales con una justicia transicional progresiva. La diferenciación entre institución y responsabilidad penal individual fue clave.
(Collins, 2010; Teitel, 2000)
Sudáfrica (1994)
La integración de las fuerzas armadas del apartheid al nuevo orden democrático se acompañó de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con amnistías condicionadas a verdad plena.
(Teitel, 2000; Hayner, 2011)
Guatemala (1996)
La falta de reformas profundas al sector seguridad y la persistencia de la impunidad limitaron la consolidación democrática.
(Call, 2012)
Lección central:
La estabilidad no requiere impunidad, sino incentivos racionales, justicia transicional creíble y subordinación militar al poder civil democrático.
Qué pasos debe tomar la comunidad internacional y Estados Unidos
1. Presión multilateral coordinada, con sanciones selectivas y objetivos verificables.
2. Apoyo directo a la ciudadanía y la sociedad civil, como base de legitimidad democrática.
3. Promoción activa de justicia transicional, sin amnistías generales.
4. Señales claras al estamento militar, combinando incentivos institucionales con límites jurídicos firmes.
Conclusión
Nicaragua no necesita más pactos opacos ni silencios diplomáticos. La experiencia venezolana demuestra que la pasividad internacional puede consolidar regímenes autoritarios y prolongar el sufrimiento social.
Una transición pacífica y democrática requiere presión internacional sostenida, una ciudadanía respaldada y una ruptura interna del régimen que preserve la institucionalidad del Estado sin sacrificar la justicia. La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, tienen la responsabilidad histórica de contribuir a ese equilibrio.
Nota del autor
Mauricio Samcam es ciudadano nicaragüense, Ingeniero Agrónomo con especialidad en Desarrollo Rural y Biotecnología. Reside en Canadá en condición de exilio.
Referencias bibliográficas
• Call, C. (2012). Why Peace Fails. Georgetown University Press.
• Collins, C. (2010). Post-Transitional Justice. Penn State University Press.
• Hayner, P. (2011). Unspeakable Truths. Routledge.
• Kaldor, M. (2007). New and Old Wars. Stanford University Press.
• Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive Authoritarianism. Cambridge University Press.
• Linz, J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Johns Hopkins University Press.
• O’Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Transitions from Authoritarian Rule. Johns Hopkins University Press.
• Teitel, R. (2000). Transitional Justice. Oxford University Press.