El secretario general de la OEA, Luis Almagro, comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su decisión de no extender el contrato del brasileño Paulo Abrāo como Secretario Ejecutivo de ese organismo, debido a denuncias que existen en su contra.
La CIDH ya había decidido en enero ratificar al brasileño al frente de la entidad para el periodo 2020-2020, pero Almagro comunicó el 15 de agosto, último día de la vigencia contractual de Abrāo, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo.
Almagro, mediante un comunicado, argumentó que su decisión se debe a la “existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la Organización y de procesar en este caso las reiteradas denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos”.
Según la agencia AFP, las quejas contra el brasileño tienen que ver con “acoso laboral” y “manipulación de concursos y contrataciones”.
El uruguayo apuntó que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no dio dado traslado de las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, afectando la credibilidad del organismo defensor de los derechos humanos.
“Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación”, señala el comunicado de Almagro respecto a la situación de Abrāo.
La CIDH, también mediante comunicado, denunció que la actitud de Almagro es un “grave embate” contra su independencia y autonomía.
La Comisión ratificó su confianza en Abrāo, bajo el argumento de que necesita contar con un “Secretario Ejecutivo que tenga las condiciones y capacidades para consolidar un proceso de transformación y modernización de las labores de la Comisión; que pueda liderar el proceso de conclusión de su Plan Estratégico 2017-2021; así como la construcción de su nuevo plan para el futuro, acorde con su visión para la protección de los derechos humanos en la región”.
La CIDH criticó la decisión de Almagro de desautorizar a la Comisión como órgano que pueda elegir a su Secretario Ejecutivo. Señaló que esa determinación del Secretario General de la OEA desconoce la norma y la práctica vigente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su más enérgica protesta” debido a la actuación de Luis Almagro. La entidad asegura que viven “un grave embate contra su independencia y autonomía”.
La CIDH emitió un comunicado en el que informan que el secretario general de la OEA intenta impedir la ratificación de Abrāo como secretario ejecutivo de la CIDH. La comisión informa que en enero “decidió por unanimidad renovar el mandato” de su máximo representante para el periodo 2020-2024.
El 9 de enero la CIDH le comunicó por nota oficial a Almagro de su decisión y basada en “el Artículo 11, inciso 3, del reglamento de la comisión”. La entidad expone que el 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia, Almagro comunicó a la comisión, sin consulta previa, su determinación de abstenerse de contratar a Abrāo.
La CIDH recalca que la acción “se traduce en una negativa a extender el contrato laboral”. Por ello la comisión anunció que la decisión de Almagro es “un franco desconocimiento de su independencia y autonomía“. La entidad agrega que se busca “la separación de facto del secretario ejecutivo”.
La comisión rechaza los dos informes del fundamento de Almagro y enfatizó que “observa con extrema preocupación la interpretación de las normas realizada”. Para la comisión es grave que se considere el reglamento de la comisión como “una mera interpretación no vinculante del estatuto de la CIDH”.
La Comisión reivindicó el principio de presunción de inocencia y rechazó que se utilice el argumento de que existe una investigación administrativa para impedir la renovación contractual de su Secretario Ejecutivo. Almagro respondió que asegura la presunción de inocencia, pero también que no haya impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH.