El régimen de Venezuela anunció este viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que ese tribunal actúa con un sesgo político y ha concentrado de manera “desproporcionada” sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos.
El anuncio fue realizado por el canciller Félix Plasencia, quien informó que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, la decisión ya fue comunicada oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
En un comunicado divulgado a través de la red social X, Plasencia afirmó que la actuación de la CPI refleja “una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.
El ministro sostuvo que el supuesto sesgo de la Corte “no es una simple coincidencia procesal”, sino el resultado de una institución que, según afirmó, ha puesto sus mecanismos “al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”.
Asimismo, rechazó lo que calificó como una estrategia de lawfare o persecución judicial internacional, al asegurar que ese mecanismo ha sido utilizado para mantener una ofensiva política contra Venezuela.
“Rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”, expresó.
Una relación marcada por la confrontación
La decisión formaliza un proceso que el oficialismo venezolano impulsaba desde finales de 2025.
En diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma. En ese momento, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que la medida buscaba denunciar “la inutilidad y el vasallaje” de la Corte Penal Internacional.
La aprobación ocurrió pocos días después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina técnica en Caracas, al señalar la falta de avances sustanciales por parte de las autoridades venezolanas en materia de investigaciones internas relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad.
No obstante, la Fiscalía aclaró entonces que el cierre de la oficina no significaba el fin de la investigación, la cual continúa desde La Haya.
La Corte Penal Internacional mantiene abierta desde 2018 una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, tras una remisión presentada por varios Estados.