El Consejo Permanente de Organización de los Estados Americanos (OEA) discutirá este miércoles 4 de febrero un proyecto de resolución que llama al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el “retorno” de Nicaragua al organismo hemisférico, del que se retiró formalmente en noviembre de 2023 en medio de condenas internacionales por graves violaciones a los derechos humanos.
La sesión ordinaria del Consejo Permanente se celebrará en Washington y analizará el proyecto titulado “Seguimiento de la situación en Nicaragua”, impulsado por una coalición de países de la región y respaldado por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Se realizará a las 9:00 de la mañana (hora de Washington) en el Salón Simón Bolívar de la OEA y contará con una presentación de Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El texto de la resolución reitera el llamado al Estado de Nicaragua a reincorporarse a la OEA, subrayando que la salida del país no lo exime de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
“Hacer un llamado al Estado de Nicaragua a retornar a la Organización de los Estados Americanos, reiterando la disposición de los Estados Miembros a facilitar dicho proceso, en cumplimiento con lo establecido en la Carta de la OEA y en línea con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, reza el proyecto de resolución.
El retiro de Nicaragua de la OEA
Nicaragua consumó su salida de la OEA el 19 de noviembre de 2023, dos años después de que el régimen de Ortega notificara su decisión de abandonar el organismo, como respuesta a las resoluciones que condenaban la represión estatal iniciada tras las protestas de abril de 2018 y el desconocimiento de procesos electorales sin garantías democráticas.
Desde entonces, el régimen ha profundizado su aislamiento internacional y ha cerrado todos los canales de diálogo con el sistema interamericano, pese a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos continúa siendo aplicable al país, según recuerdan la OEA y la CIDH.
Exigencias para un eventual retorno
El proyecto de resolución, impulsado por Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y República Dominicana, condena de forma explícita los abusos cometidos por el Estado nicaragüense dentro y fuera del país, incluyendo el exilio forzado, la desnacionalización, la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la confiscación de bienes, la negación de documentos de identidad y los atentados contra la vida de opositores en el extranjero.
El texto expresa especial alarma por los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documentan persecución transnacional y posibles crímenes de lesa humanidad, así como el uso indebido de mecanismos internacionales como notificaciones rojas de INTERPOL y alertas falsas sobre documentos de viaje.
Entre las principales exigencias al régimen de Ortega y Murillo, la OEA urge la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, incluidas aquellas bajo arresto domiciliario y las beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH o provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución también exhorta al Estado nicaragüense a poner fin a la represión, restablecer el espacio cívico, garantizar la libertad de expresión, respetar la dignidad humana y recuperar la independencia de los poderes del Estado, como obligaciones mínimas de una democracia y del Estado de derecho.
Asimismo, el Consejo Permanente pedirá a la dictadura garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, poner fin a la impunidad y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, recordando que la Convención Americana sigue plenamente vigente para el país.
El proyecto incluye un llamado a la CIDH para que mantenga un monitoreo cercano y permanente de la situación, incluso sobre violaciones cometidas fuera del territorio nicaragüense, y para que analice el presunto uso indebido de mecanismos de cooperación jurídica internacional por parte del régimen.
La discusión del proyecto se da en medio de un deterioro sostenido de las libertades fundamentales en Nicaragua y de una política sistemática de persecución que ha empujado al exilio forzado a cientos de miles de nicaragüenses.