El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) alertó que el año 2026 podría marcar un “punto de inflexión” para Nicaragua, debido a la combinación de presiones políticas, económicas y sociales que enfrenta el país bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En su boletín Perspectivas número 190, el centro de análisis identifica tres ejes críticos:
- La fragilidad de la estabilidad económica.
- El uso de las alcaldías como instrumentos de control político.
- El aumento del exilio forzado.
Crecimiento débil y dependencia externa
El informe señala que, aunque el discurso oficial proyecta estabilidad, esta no se traduce en mejoras reales para la población. De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua crecería un 3,4 % en 2026, por debajo de otros países de la región como Costa Rica (3,9 %) y El Salvador (4 %).
CETCAM advierte que esta estabilidad depende en gran medida de factores externos, especialmente de las remesas familiares, que representan más del 25 % del PIB y provienen en su mayoría de Estados Unidos. Sin embargo, estas ya muestran señales de estancamiento.
A esto se suma la caída del 16 % en la inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2025, así como el aumento de la deuda externa, que alcanzó los 16.245 millones de dólares, equivalentes al 82 % del PIB.
El FMI incluso califica al país como un “pagador neto de deuda”.
Presión internacional y riesgos económicos
El informe también advierte sobre el impacto de medidas comerciales de Estados Unidos. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos estableció un cronograma de aranceles adicionales a productos nicaragüenses por violaciones a derechos humanos y laborales, que aumentarán progresivamente en los próximos años.
Estas medidas, junto con un arancel global del 15 % vigente en 2026, podrían afectar sectores clave como las zonas francas, donde ya se registraron más de 16.000 despidos en 2025.
Alcaldías como mecanismos de control
En el ámbito político, el boletín denuncia la instrumentalización de los gobiernos municipales como parte del aparato de represión. Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, fondos públicos, incluidos recursos de alcaldías, fueron utilizados para financiar acciones represivas.
CETCAM sostiene que las municipalidades han dejado de ser instancias de gestión local para convertirse en “puntos clave” del sistema de vigilancia y control ciudadano, con personal dedicado a monitorear a opositores reales o percibidos.
Además, el informe describe una corrupción extendida a nivel local, con prácticas como nepotismo, malversación de fondos y uso personal de recursos públicos, ejecutadas “a la vista de la ciudadanía”.
Deterioro social y económico
El análisis también destaca el deterioro de las condiciones de vida. Más del 80 % de la población considera que sus ingresos no cubren la canasta básica, mientras el empleo formal ha disminuido y la informalidad se ha expandido desde 2018.
La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se agrava por la reducción de cotizantes, lo que podría derivar en una quiebra en los próximos años si no se adoptan medidas.
Corrupción estructural
El informe concluye que la corrupción se ha convertido en un elemento estructural del sistema, vinculado directamente con la represión política. Señala confiscaciones millonarias de bienes a opositores, medios de comunicación y organizaciones civiles, así como el uso discrecional de recursos públicos.
En este contexto, CETCAM advierte que sin cambios políticos profundos, Nicaragua enfrentará mayores riesgos económicos y sociales, y subraya que una transición democrática no solo es necesaria para restituir derechos, sino también para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.