Un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide documentó al menos 309 violaciones a la libertad de religión en Nicaragua durante 2025, evidenciando una intensificación sistemática de la represión contra comunidades cristianas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo con el reporte titulado “Sin respiro: Otro año de creciente represión en Nicaragua”, 200 de los casos afectaron a católicos y 108 a protestantes, en un contexto marcado por vigilancia estatal, prohibición de actividades religiosas públicas, detenciones arbitrarias y exilio forzado de líderes religiosos.
Control, vigilancia y prohibiciones
El informe señala que durante 2025 el régimen mantuvo un control estricto sobre las prácticas religiosas. Procesiones, celebraciones como La Purísima y actividades vinculadas al Día de la Biblia fueron restringidas o directamente prohibidas en espacios públicos, obligando a las iglesias a limitarse a actividades internas y bajo autorización policial.
Además, líderes religiosos fueron sometidos a “medidas cautelares” que incluyen reportes semanales ante la Policía, entrega de planes de actividades y restricciones de movilidad dentro del país.
La vigilancia también se extendió al interior de templos, donde agentes uniformados y civiles monitoreaban sermones y oraciones. Predicar sobre temas como justicia, unidad o incluso orar por presos políticos podía ser interpretado como crítica a la dictadura.
Detenciones, exilios y cierres de organizaciones
El informe documenta 55 casos de detenciones arbitrarias de líderes religiosos, así como múltiples episodios de desapariciones temporales, malos tratos y condiciones inhumanas de detención.
En algunos casos, incluso se les prohibió poseer Biblias en prisión, en violación de estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela.
También se registraron expulsiones y exilios forzados, incluyendo sacerdotes, pastores y congregaciones completas. Varias personas fueron impedidas de regresar al país tras viajes al extranjero.
En paralelo, el regimen continuó cancelando personerías jurídicas de organizaciones, incluidas entidades religiosas. Según el informe, más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas en Nicaragua, con confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias.
Intimidación y control social
Las comunidades religiosas denunciaron acoso constante, interrogatorios sobre sermones y presencia policial intimidatoria durante actividades religiosas.
En algunos casos, incluso menores de edad fueron detenidos por participar en actividades parroquiales.
El informe también revela el uso de informantes dentro de iglesias y órdenes directas de autoridades para evitar temas considerados sensibles, como la situación del país o los presos políticos.
Recomendaciones internacionales
Ante este panorama, Christian Solidarity Worldwide instó al régimen nicaragüense a liberar a los líderes religiosos detenidos, restituir derechos a organizaciones canceladas y cesar la interferencia en actividades religiosas.
Asimismo, pidió a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reforzar la presión sobre el país y dar seguimiento a las denuncias.
El informe concluye que no hubo avances en materia de libertad religiosa en 2025. Por el contrario, se consolidó un patrón de represión que combina vigilancia, restricciones legales, persecución y exilio, en lo que califica como un intento sistemático del Estado por controlar o eliminar a las comunidades religiosas independientes.