El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) publicó su boletín Perspectivas número 191, en el que analiza las dinámicas de poder en la región y pone el foco en Nicaragua, a ocho años del estallido social de abril de 2018, un evento que define como un “parteaguas” en la historia reciente del país.
Según el informe, el aniversario llega en un contexto adverso para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcado por tensiones internas, purgas dentro de la estructura de poder y un escenario internacional cada vez más desfavorable.
El análisis sostiene que el proceso de sucesión dinástica impulsado por Murillo ha generado reacomodos forzados dentro del aparato estatal, con destituciones, encarcelamientos y desplazamientos de figuras históricas del sandinismo, en una estrategia orientada a consolidar el control absoluto. Sin embargo, advierte que estas purgas podrían tener un “efecto boomerang”, al incrementar el descontento interno.
“El régimen está lejos de consolidar su proyecto autoritario familiar”, señala el documento, que identifica señales de malestar incluso dentro de sus propias filas.
En paralelo, el boletín destaca que la oposición nicaragüense ha intensificado sus esfuerzos para construir una ruta de transición democrática. Aunque reconoce que estos intentos recuerdan iniciativas fallidas de años anteriores, subraya que el contexto actual abre una “ventana de oportunidad real” para un cambio político.
De acuerdo con el CETCAM, las distintas propuestas opositoras coinciden en tres ejes fundamentales: la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de exiliados y desterrados, y la restitución de derechos y libertades ciudadanas, junto con el desmontaje del aparato represivo.
El informe también sitúa este escenario en un contexto internacional cambiante, con presiones externas crecientes y transformaciones en América Latina que podrían incidir en la situación nicaragüense.
Control total y corrupción en las alcaldías
El boletín dedica un apartado al control institucional dentro del país, particularmente a la eliminación de la autonomía municipal.
Según el análisis, el régimen avanzó recientemente en este proceso al derogar la Ley de Carrera Administrativa Municipal, trasladando el control de recursos humanos y bienes a la Procuraduría General.
Este movimiento, advierte el CETCAM, consolida un proceso iniciado en 2008 y profundizado en 2022, cuando el oficialismo tomó el control total de las alcaldías mediante mecanismos electorales cuestionados.
El resultado, según el informe, ha sido la conversión de los gobiernos locales en estructuras subordinadas al poder central, donde la corrupción “campea impunemente”.
En ese contexto, el propio régimen ha destituido a decenas de autoridades municipales en los últimos años, muchas de ellas acusadas de prácticas irregulares.
Sin embargo, el documento advierte que la centralización total podría tener efectos negativos en la gestión local, afectando directamente a la ciudadanía por la paralización de funciones o la falta de recursos.
“Será la ciudadanía la que sufra las consecuencias de un remedio que puede resultar tanto o más perjudicial que la propia enfermedad”, concluye el boletín.
A ocho años de las protestas de abril, el informe dibuja un escenario de crisis prolongada, pero también de posibles cambios, en el que la presión interna, las fracturas del poder y el contexto internacional podrían redefinir el futuro político de Nicaragua.