El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) solicitó a las autoridades de Costa Rica evitar la deportación del opositor nicaragüense Carlos Alberto Calero Hurtado, quien permanece detenido en una cárcel de Heredia tras ser capturado por Migración.
En un pronunciamiento público, la organización —integrada por víctimas de persecución política— advirtió que un eventual retorno a Nicaragua pondría en riesgo la vida y la integridad del ciudadano, debido al contexto represivo que persiste bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el GREX, Calero, de 59 años y originario de Río San Juan, fue detenido el pasado 7 de abril cuando acudió a una cita en oficinas migratorias en Ciudad Quesada para regularizar su situación. Tras varias horas de espera, fue arrestado y trasladado a un centro penitenciario.
El grupo indicó que, tras gestiones legales, el nicaragüense logró obtener una cita como solicitante de refugio, programada hasta enero de 2028, lo que consideran insuficiente frente a su situación actual de detención.
Perfil opositor
De acuerdo con el pronunciamiento, Calero formó parte de la Resistencia Nicaragüense en la década de 1980 y, más recientemente, se vinculó a organizaciones campesinas opositoras desde el exilio, entre ellas la denominada “Resistencia Campesina”.
El GREX sostiene que esta organización ha sido blanco de persecución, citando casos de otros integrantes que enfrentaron procesos judiciales o detenciones tras ser deportados a Nicaragua.
Además, el documento señala que el opositor perdió su residencia en Costa Rica tras un proceso judicial en 2020, pese a haber sido liberado, lo que lo dejó en condición migratoria irregular.
Riesgos ante una eventual deportación
La organización advierte que el retorno de Calero a Nicaragua implicaría un alto riesgo de detención arbitraria, falta de garantías judiciales y posibles violaciones a sus derechos humanos.
“El contexto represivo no ofrece ninguna seguridad de que sus derechos y su libertad sean respetados”, señala el comunicado, que también menciona antecedentes familiares de oposición política y participación en protestas de 2018.
En ese sentido, el GREX apeló al principio internacional de no devolución, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde su vida o libertad estén en peligro, e instó al Estado costarricense a otorgar refugio, asilo u otra figura de protección.
Llamado a organismos y autoridades
La organización informó que ha activado gestiones ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos de derechos humanos, al tiempo que pidió a los medios de comunicación visibilizar el caso.
El GREX subrayó que la solicitud no se limita a este caso particular, sino que busca sentar un precedente para la protección de personas perseguidas por motivos políticos.
“El derecho a no devolución debe prevalecer cuando existe riesgo real de tortura, desaparición forzada o persecución”, concluye el pronunciamiento.