La Sala Constitucional acogió un amparo contra la CCSS por programar una cita de ortopedia para el año 2047 a una mujer de 63 años. Es decir, ¡la paciente tendría 87 años al momento de su atención!
Este caso despoja de toda dignidad al sistema de salud. No se trata de una «lista de espera», sino de una negación técnica del derecho a la vida. El colapso administrativo está condenando a miles de pacientes a sufrir dolor crónico o morir antes de ver a un especialista.
La Sala IV exige resultados, pero la solución técnica que proponen los gremios es la compra de servicios a la red privada bajo tarifas reguladas y el pago de jornadas extraordinarias supervisadas para evacuar el rezago en especialidades críticas como ortopedia y oncología.
Una cita médica para dentro de dos décadas no es un error administrativo, es una condena al dolor y un insulto a la dignidad humana. La resolución de la Sala IV debe ser el catalizador para que las autoridades de la Caja dejen de administrar la escasez y comiencen a ejecutar soluciones de emergencia. La salud no admite esperas, y la justicia, cuando llega con veinte años de retraso, sencillamente deja de ser justicia.