San José, 16 de abril de 2026. La ola de violencia que sacude puntos estratégicos del país, desde Limón hasta las barriadas de la capital, ha puesto a la seguridad ciudadana como la prioridad número uno en la agenda nacional. A pesar de los constantes operativos de «mano dura» anunciados por el Ministerio de Seguridad Pública, la percepción de inseguridad sigue al alza, afectando la paz social y el clima de negocios en las comunidades. La verdad es que la presencia policial, aunque necesaria, está actuando como un parche ante un problema que tiene raíces sociales profundas.
Para el experto en seguridad, Álvaro Ramos, la implicación de una estrategia meramente reactiva es que solo se logra desplazar el delito de un barrio a otro, sin desarticular las estructuras criminales. Ramos ha planteado que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común requiere una inteligencia policial más sofisticada y, sobre todo, una presencia del Estado que vaya más allá del uniforme. La falta de oportunidades educativas y de empleo en zonas de alta vulnerabilidad es el «caldo de cultivo» perfecto para que los grupos criminales recluten a jóvenes que no ven un futuro claro en el sistema formal.
La ruta de solución, según organizaciones civiles y expertos internacionales, es el modelo de «Seguridad Integral y Comunitaria». Esto implica que el próximo gobierno debe articular una inversión masiva en cultura, deporte y formación técnica en los barrios conflictivos. La solución técnica no es solo comprar más patrullas, sino devolverle el espacio público a la gente. Solo cuando el Estado logre arrebatarle los jóvenes al crimen a través de la esperanza y el trabajo, Costa Rica podrá empezar a recuperar la tranquilidad que siempre la ha caracterizado.