San José, 17 de abril de 2026. La estabilidad de los costos de vida en Costa Rica se enfrenta a una nueva amenaza que viene desde el cielo, o más bien, de la ausencia de lluvias en las zonas de los principales embalses. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha encendido las alarmas al confirmar que los niveles de las represas están en puntos críticos, lo que obligaría al país a quemar búnker y diésel para generar energía térmica. Esta situación no es solo un reto ambiental, sino una presión económica inmediata que amenaza con trasladarse a las tarifas eléctricas de mayo.
Para el experto en energía y exviceministro del sector, Rolando Castro, el país está pagando la factura de no haber diversificado su matriz con la rapidez necesaria. Castro ha señalado que depender excesivamente de la hidroelectricidad en tiempos de crisis climática es una vulnerabilidad estratégica que hoy le cuesta caro al bolsillo del ciudadano. Según el especialista, si el ICE debe recurrir a la generación térmica, el costo de producción se multiplica, y bajo el modelo actual de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ese incremento se refleja casi de inmediato en los recibos de las familias y las industrias.
Esta preocupación es compartida por Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, quien advierte que un alza en la electricidad, sumada a un dólar que sigue asfixiando al exportador, es la «tormenta perfecta» para la pérdida de empleos.
La implicación de esta crisis energética es profunda: mientras el Gobierno saliente celebra cifras macroeconómicas de baja inflación, el costo de los servicios básicos sigue una ruta opuesta. Informar con la verdad requiere reconocer que la «energía limpia» de Costa Rica es estacional y que la falta de previsión en inversiones de energía solar y eólica a gran escala nos mantiene atados a la volatilidad de los precios del petróleo cuando deja de llover.
Para la administración entrante de la presidenta electa Laura Fernández, este será uno de los primeros desafíos operativos: decidir si mantiene el modelo de generación estatal centralizado o si acelera la apertura para que el sector privado inyecte energías renovables más baratas y constantes.
Frente a esta amenaza tarifaria, la solución técnica que plantean analistas y cámaras de producción es la aprobación urgente de la Ley de Armonización del Sector Eléctrico. Según expertos como el economista Enrique Egloff, la solución no es esperar a que llueva, sino modernizar el mercado eléctrico para permitir la competencia y la generación distribuida.
Esto permitiría que el país no dependa de un solo despacho de energía y que las tarifas no sean rehenes del clima. La verdadera soberanía energética de Costa Rica, aseguran los especialistas, se alcanzará cuando el sistema sea lo suficientemente flexible para garantizar luz barata y constante, protegiendo así el bienestar de los hogares y la competitividad de nuestras empresas frente al mundo.