Expertos de Naciones Unidas encendieron las alarmas sobre Nicaragua al denunciar posibles muertes bajo custodia de personas sometidas a desaparición forzada, en lo que advierten podría constituir tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos.
En un pronunciamiento contundente publicado este viernes 1 de mayo, los especialistas expresaron su “profunda preocupación” por informes que indican que detenidos desaparecidos habrían muerto mientras estaban bajo control del Estado, sin información oficial sobre su paradero, estado de salud o circunstancias de su fallecimiento.
“Cuando una persona desaparece forzosamente, cada minuto cuenta”, señalaron, describiendo el impacto devastador en las familias, atrapadas entre la incertidumbre y la esperanza.
El caso que estremece: Brooklyn Rivera
Uno de los casos más graves es el de Brooklyn Rivera, diputado y líder indígena miskito, detenido en septiembre de 2023 por la Policía y posteriormente desaparecido. Según la información disponible, podría haber fallecido bajo custodia.
“Exigimos con urgencia que se esclarezca de inmediato el destino y el paradero de más de 112 víctimas de desaparición forzada en el país, cuyos casos han sido comunicados al Gobierno por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta. Asimismo, solicitamos que se demuestre de inmediato que Brooklyn Rivera sigue con vida y, en caso de haber fallecido durante su detención, que se nos informe sobre las circunstancias y causas de su muerte y el paradero de sus restos”, reza el comunicado.
A esto se suma otra denuncia: una persona desaparecida habría muerto en febrero de 2026 mientras estaba detenida, y su cuerpo fue entregado a la familia sin certificado de defunción, lo que profundiza las sospechas de encubrimiento.
Tortura, aislamiento y silencio
Los expertos advierten que las condiciones de detención en Nicaragua son inhumanas. Informes indican que algunas personas permanecen encadenadas, sedadas y aisladas, sin acceso a atención médica.
Además, se han tomado medidas para ocultar su estado: celdas cubiertas con cortinas para impedir que otros detenidos vean lo que ocurre en su interior.
“Han transcurrido meses e incluso años sin información verificable sobre el destino o paradero de estas personas”, denunciaron.
Sin justicia, sin respuestas
Las familias enfrentan un muro de silencio. Las autoridades policiales y penitenciarias niegan información, mientras los tribunales rechazan recursos legales como el hábeas corpus, dejando a los afectados sin mecanismos de defensa.
A esto se suma el miedo: muchos familiares temen represalias, lo que provoca una subnotificación de casos y oculta la verdadera magnitud de la crisis.
“Estrategia deliberada de terror”
Para los expertos de la ONU, lo que ocurre en Nicaragua no son hechos aislados.
“Parece ser una estrategia deliberada (…) para silenciar la disidencia y controlar a la población”, advirtieron.
En ese contexto, exigieron al régimen esclarecer de inmediato el paradero de al menos 112 personas desaparecidas, cuyos casos han sido documentados sin respuesta oficial.
Los especialistas instaron a realizar investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las muertes bajo custodia, y a garantizar justicia para las víctimas.