La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) lanzó una de las denuncias más severas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al afirmar que el régimen mantiene una “campaña implacable” para eliminar la libertad religiosa en Nicaragua mediante persecución, destierros, encarcelamientos, confiscaciones y vigilancia contra sacerdotes, pastores y creyentes.
La USCIRF publicó un amplio informe en el que acusa a la dictadura Ortega-Murillo de convertir la represión religiosa en “un pilar de supervivencia del régimen”, en medio de una crisis política y de derechos humanos que ya suma ocho años.
El documento, titulado “Nicaragua’s Unrelenting Campaign to Eliminate Religious Freedom” (“La campaña implacable de Nicaragua para eliminar la libertad religiosa”), sostiene que el régimen utiliza leyes de traición, soberanía, ciberdelitos y financiamiento para criminalizar actividades religiosas y perseguir a quienes considera críticos de la dictadura.
Según la USCIRF, Ortega y Murillo “instrumentalizaron” el aparato legal para intimidar, acosar, encarcelar y expulsar del país a líderes religiosos y fieles católicos y evangélicos.
“El gobierno recurrió a arrestos y detenciones arbitrarias, al cierre de organizaciones no gubernamentales y a la represión transnacional para acosar, intimidar y reprimir a las personas religiosas”, denunció el organismo estadounidense.
El informe advierte que Nicaragua vive un proceso de “casi eliminación” de la libertad religiosa, acompañado por el cierre del espacio cívico y la destrucción de medios independientes.
Represión sistemática contra la Iglesia
La USCIRF sostiene que, aunque en los últimos años se han reportado menos ataques públicos contra la Iglesia Católica, eso no significa una mejora en la situación, sino un efecto del miedo impuesto por el régimen.
El documento señala que la dictadura cerró alrededor del 80% de las organizaciones civiles que operaban en Nicaragua, clausuró al menos 61 medios de comunicación y obligó a cientos de periodistas al exilio, dificultando documentar los abusos.
Entre las violaciones denunciadas destacan:
- Arrestos arbitrarios contra sacerdotes, pastores y líderes laicos.
- Expulsiones y desnacionalización de religiosos.
- Vigilancia permanente a parroquias y templos.
- Prohibición de procesiones y actividades religiosas públicas.
- Cierre y confiscación de organizaciones religiosas.
- Restricciones a sermones y movilización de sacerdotes.
- Represión contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
La USCIRF afirmó que, solo entre 2025 y 2026, el régimen prohibió miles de expresiones religiosas públicas.
“Hasta 27,286 procesiones y actos de piedad han sido prohibidos desde 2019”, indica el informe.
Asimismo, denunció que por cuarto año consecutivo la dictadura restringió las celebraciones de Semana Santa, manteniendo vigilancia policial permanente para impedir manifestaciones religiosas en las calles.
Sacerdotes expulsados y vigilancia extrema
El organismo también alertó sobre el destierro forzado de sacerdotes y religiosos.
Según el informe, en febrero de 2026 el régimen negó el ingreso al país al sacerdote José Concepción Reyes Mairena, elevando a 309 la cifra de figuras religiosas obligadas a abandonar Nicaragua.
Además, recordó que la dictadura ha desnacionalizado y expulsado arbitrariamente a unas 450 personas en los últimos dos años, incluyendo sacerdotes católicos, laicos y pastores evangélicos.
La USCIRF denunció que muchos religiosos dentro del país viven bajo vigilancia extrema y deben pedir autorización policial incluso para trasladarse entre municipios.
“Los pastores son advertidos por las autoridades de no incluir contenido crítico del gobierno en sus sermones”, señala el reporte.
Muerte de detenidos y persecución a evangélicos
El informe también documenta muertes bajo custodia estatal.
Entre los casos citados aparece el del líder católico Carlos Cárdenas Zepeda, quien murió detenido tras años de hostigamiento por haber asesorado a la Conferencia Episcopal durante el diálogo nacional de 2018.
También menciona la muerte de Mauricio Alonso Petri, vinculado a una iglesia evangélica, quien falleció bajo custodia después de una redada policial.
Según la USCIRF, las familias no fueron informadas sobre las causas de muerte y fueron obligadas a sepultar rápidamente a sus familiares.
El organismo además denuncia que el régimen utiliza acusaciones fabricadas, incluyendo delitos sexuales y lavado de dinero, para encarcelar a líderes religiosos críticos.
Ataques a indígenas y represión transnacional
La comisión estadounidense también acusó a la dictadura de atacar prácticas espirituales indígenas, especialmente en comunidades miskitas y mayangnas de la Costa Caribe.
El informe señala que líderes indígenas encarcelados han sido catalogados como “brujos” por autoridades penitenciarias y despojados de alimentos y medicinas tradicionales usadas en rituales espirituales.
Asimismo, alerta sobre el incremento de la represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, intimidación y amenazas contra familiares que permanecen en Nicaragua.
La USCIRF retomó hallazgos del Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua (GHREN), que documentó espionaje físico y digital contra opositores exiliados.
Estados Unidos endurece presión
El organismo recordó que Estados Unidos ha impuesto sanciones, restricciones de visas y medidas económicas contra funcionarios del régimen vinculados a violaciones de derechos humanos y persecución religiosa.
Entre ellas destacó las sanciones contra responsables de la cárcel La Modelo, donde estuvieron encarcelados monseñor Rolando Álvarez, monseñor Isidro Mora y miembros del ministerio evangélico Mountain Gateway.
La USCIRF reiteró su recomendación para que Nicaragua sea nuevamente designada como “País de Particular Preocupación” (CPC), la máxima categoría utilizada por Washington para señalar violaciones graves a la libertad religiosa.
“El régimen Ortega-Murillo continúa extendiendo sus violaciones a la libertad religiosa incluso fuera de sus fronteras”, concluye el informe.