El régimen de Venezuela confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya desaparición fue denunciada durante meses por su madre, Carmen Navas, en un caso que organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores califican como una nueva muestra de opacidad, desaparición forzada y abuso estatal bajo el régimen chavista.
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó este jueves la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un hombre cuya detención y desaparición había sido denunciada públicamente.
Su madre, Carmen Navas, durante meses recorrió cárceles, instituciones y organismos del Estado buscando información sobre su paradero.
Según el comunicado oficial, Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas.
El régimen venezolano aseguró que el detenido fue trasladado el 15 de julio al Hospital Militar Carlos Arvelo tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.
Posteriormente, según la versión oficial, murió el 24 de julio de 2025 a las 11:25 de la noche por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.
El Ministerio también afirmó que durante su detención Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios” y que ningún familiar solicitó visitas formales, razón por la cual el Estado procedió a enterrarlo el 30 de julio “en cumplimiento de los protocolos de ley”.
La revelación provocó indignación entre organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, debido a que la madre del detenido llevaba meses exigiendo públicamente respuestas sobre su hijo.
El caso tomó notoriedad nacional luego de que Carmen Navas denunciara la desaparición de Víctor Hugo Quero y solicitara ayuda pública acompañada por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que Quero habría sido interceptado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza en Caracas.
Según la organización, el hombre fue procesado bajo acusaciones de traición a la patria, conspiración y terrorismo, presuntamente vinculadas a un pasado servicio militar.
Himiob denunció además que el caso estuvo marcado por la “opacidad” y el bloqueo sistemático de información sobre el estado físico y jurídico del detenido.
Tras conocerse oficialmente la muerte, el líder opositor Edmundo González Urrutia responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro y exigió justicia.
“El Gobierno debe responder”, escribió González Urrutia en la red social X, afirmando que los venezolanos tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
El dirigente opositor criticó además que el régimen informara sobre la muerte meses después del fallecimiento y denunció que la madre nunca fue notificada antes del entierro.
“Murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo. Lo enterraron sin avisarle a ella. Y el Estado llamó a eso ‘cumplimiento de protocolos’”, cuestionó.
González Urrutia calificó lo sucedido como una “desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.
En la misma línea, el partido opositor Primero Justicia denunció que Carmen Navas fue “torturada psicológicamente por meses” mientras buscaba información sobre su hijo en diferentes cárceles del país.
La organización política exigió justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio internacional las denuncias sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y falta de transparencia dentro del sistema penitenciario venezolano, en un contexto donde organizaciones internacionales han documentado patrones de persecución política y graves abusos cometidos por organismos de seguridad del régimen de Maduro.