San José, Costa Rica – En lo que se perfila como la reforma migratoria más ambiciosa y de mayor impacto humanitario de la última década en el país, el Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), aprobó la creación de una “categoría especial temporal complementaria”.
Esta nueva ventana legal permitirá a ciudadanos de cuatro nacionalidades —Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia— regularizar su estatus de residencia y obtener permisos de trabajo formales en el territorio nacional.
El nuevo mecanismo opera como un sistema de protección complementaria que busca dar una respuesta real a miles de personas que se encuentran atrapadas en el limbo migratorio. El beneficio está diseñado específicamente para aquellos solicitantes de refugio cuyas gestiones se encuentren actualmente pendientes de resolución, así como para quienes ya hayan recibido una resolución denegatoria en firme o cuyas solicitudes hayan sido declaradas infundadas por los tribunales migratorios.
Ventana de tiempo y requisitos estrictos de permanencia
Para evitar un efecto llamada de nuevas olas migratorias y garantizar que el beneficio impacte a la población que ya está integrada en el tejido social costarricense, las autoridades han establecido un riguroso marco temporal.
Los interesados deberán demostrar de manera inequívoca haber solicitado la condición de refugio en Costa Rica en el periodo comprendido entre el 1.º de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026.
Asimismo, es un requisito indispensable haber residido de forma continua en el país desde el momento de la presentación de su solicitud original de refugio, y no contar con ninguna otra categoría migratoria aprobada o en trámite de resolución.
El permiso se otorgará de manera estrictamente individual por un periodo de dos años, renovable de manera indefinida por plazos bianuales, siempre y cuando se sigan cumpliendo los lineamientos de ley. El decreto ejecutivo aclara explícitamente que el trámite no es extensivo a familiares.
Costos económicos y blindaje de seguridad pública
La regularización implicará un esfuerzo económico y de formalización para la población migrante. El canon establecido por Migración es de 95 dólares, a lo que deberán sumarse los gastos administrativos de gestión. Además, para mantener la vigencia del estatus, será obligatorio que los beneficiarios se encuentren debidamente asegurados ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una medida que busca formalizar el mercado laboral y dotar de recursos frescos al sistema de salud pública.
El Gobierno ha sido enfático en que la protección humanitaria no comprometerá la seguridad nacional. El beneficio no se otorgará, ni será renovado, a ninguna persona que cuente con antecedentes penales por delitos dolosos dentro de los últimos diez años, ni a quienes representen una amenaza potencial para la seguridad pública.
Las solicitudes se recibirán de forma exclusiva mediante el sistema de cita previa a partir del 1.º de septiembre de 2026 y hasta el 1.º de septiembre de 2027. Los aplicantes deberán aportar documentación oficial que incluye: formulario de filiación, certificación de nacimiento, hoja de antecedentes penales debidamente apostillada o legalizada, documento de identidad vigente, comprobante de huellas dactilares emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y las pruebas documentales que constaten su permanencia ininterrumpida en Costa Rica.