El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó este lunes 8 de junio que, hasta mayo de 2026 mantiene registro de 46 personas presas políticas en Nicaragua, entre ellas 43 hombres y tres mujeres.
Según el nuevo informe divulgado hoy, el organismo documentó además 13 personas adultas mayores encarceladas por razones políticas, así como nueve personas en condición de desaparición forzada, cuyos familiares continúan sin recibir información verificable sobre su paradero, estado de salud o condiciones de detención.
El Mecanismo señaló que detrás de cada caso existe una situación de vulnerabilidad que afecta no solo a los detenidos, sino también a sus familias, y denunció que el Estado continúa utilizando la prisión política como una herramienta de castigo y control.
Brooklyn Rivera, símbolo de una alerta extrema
El informe dedica un apartado especial al fallecimiento del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera Bryan, quien murió bajo custodia estatal después de permanecer más de 970 días en desaparición forzada.
De acuerdo con el documento, el caso evidencia los riesgos de mantener a personas detenidas sin acceso a supervisión independiente, atención médica adecuada o contacto regular con sus familiares.
El organismo sostiene que durante más de dos años el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvo un patrón de opacidad sobre la condición física del dirigente indígena, mientras circulaban reportes sobre su deterioro de salud.
La organización considera que la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de violaciones a derechos humanos contra personas encarceladas por motivos políticos.
Nueve desapariciones forzadas mantienen en alerta a familiares
Entre los nueve casos de desaparición forzada documentados por el Mecanismo figuran personas con enfermedades crónicas y adultos mayores que requieren atención médica permanente.
El informe menciona a Douglas Gamaliel Álvarez Morales, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagot Müller, Larry Javier Martínez Romero, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, Carlos Ramón Brenes Sánchez y Ricardo José Mendoza Yrigoyen, además de una persona cuya identidad permanece en reserva por razones de seguridad.
Según la documentación recopilada, varios de ellos permanecen incomunicados, sin acceso a visitas familiares ni pruebas de vida que permitan verificar su estado físico.
Adultos mayores enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad
El Mecanismo alertó que 13 presos políticos son adultos mayores, un grupo considerado de alto riesgo debido a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas y problemas renales.
Entre ellos figuran el excomandante sandinista Henry Ruiz Hernández, de 82 años; el exasesor presidencial Bayardo Arce Castaño, de 77; y el exgeneral Álvaro Baltodano Cantarero, de 73 años.
La organización recordó que la legislación penitenciaria nicaragüense contempla medidas alternativas para personas mayores de 70 años o con enfermedades crónicas, por lo que instó a las autoridades a adoptar acciones inmediatas para proteger su integridad.
Denuncian patrón de deterioro físico y falta de atención médica
El informe identifica un patrón recurrente de pérdida drástica de peso, debilitamiento físico, agravamiento de enfermedades preexistentes y acceso irregular a medicamentos.
Los testimonios recopilados describen retrasos en la atención médica, limitaciones para realizar exámenes especializados y restricciones para el ingreso de medicinas enviadas por familiares.
Asimismo, se reportan condiciones materiales adversas dentro de los centros penitenciarios, incluyendo mala alimentación, acceso limitado al patio, agua en condiciones inadecuadas y períodos prolongados de aislamiento.
El Mecanismo contabiliza nueve muertes de personas detenidas por razones políticas, ocurridas bajo custodia estatal o posteriormente a su detención.
La organización sostiene que estas muertes se produjeron en contextos marcados por deterioro progresivo de salud, restricciones de atención médica y condiciones penitenciarias deficientes, por lo que exigió investigaciones independientes y rendición de cuentas.
Costa Caribe concentra persecución contra líderes indígenas
El informe también advierte sobre un patrón sostenido de persecución contra autoridades comunales, líderes territoriales y defensores indígenas de la Costa Caribe nicaragüense.
Según el documento, al menos 12 casos están relacionados con personas vinculadas a la defensa territorial y comunitaria en regiones indígenas, incluyendo síndicos, jueces comunales, guardabosques y dirigentes comunitarios.
El organismo considera que la muerte de Brooklyn Rivera y las restricciones impuestas a otros líderes indígenas profundizan una crisis de representación y liderazgo en la Costa Caribe, afectando la capacidad de denuncia y defensa de las comunidades.
Exigen pruebas de vida y libertad para los detenidos
Ante este panorama, el Mecanismo demandó al Estado nicaragüense la presentación inmediata de pruebas de vida de las personas desaparecidas, acceso a atención médica especializada, información verificable sobre las condiciones de detención y la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos.
“La ocurrencia de muertes en un contexto de deterioro reportado y barreras reiteradas para la atención plantea una alerta de máxima gravedad”, concluye el informe.