La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado venezolano por la detención ilegal, torturas y violaciones a los derechos fundamentales sufridas por el opositor Jorge Rojas Riera, y ordenó como medida de reparación el cierre definitivo de El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados del país.
La sentencia, notificada este 10 de junio de 2026 en el caso Rojas Riera y otra vs. Venezuela, concluyó que agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) detuvieron arbitrariamente a Rojas Riera durante una protesta pacífica realizada el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas.
Según determinó el tribunal interamericano, la actuación de los agentes estatales no solo restringió el derecho del opositor a manifestarse y expresar sus ideas, sino que derivó en graves violaciones a su integridad física y psicológica mientras permaneció recluido en El Helicoide.
Torturas, amenazas y simulacros de ejecución
La Corte estableció que Rojas Riera fue sometido a actos de tortura durante su permanencia bajo custodia estatal. Entre los abusos documentados figuran golpes en distintas partes del cuerpo, amenazas de violencia sexual, humillaciones, intimidaciones con armas de fuego y simulacros de ejecución.
Los jueces concluyeron que estas acciones le provocaron un profundo sufrimiento físico y mental, agravado por el temor constante a perder la vida.
Además, señalaron que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de investigar de manera efectiva las denuncias sobre las torturas sufridas por la víctima.
El Helicoide, incompatible con los derechos humanos
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la orden de cerrar El Helicoide, un centro de detención administrado históricamente por organismos de inteligencia venezolanos.
La Corte sostuvo que mantener personas privadas de libertad en instalaciones controladas por agencias de inteligencia genera un riesgo elevado para su integridad personal y sus garantías judiciales, además de ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El tribunal recordó que en fallos anteriores ya había determinado que El Helicoide no reúne las condiciones mínimas para garantizar un trato digno a los detenidos y que su funcionamiento ha estado vinculado a denuncias reiteradas de torturas y tratos crueles.
Asimismo, destacó informes de organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, que documentan patrones de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos dentro de ese centro.
Violaciones a múltiples derechos
La Corte concluyó que Venezuela violó diversos derechos protegidos por la Convención Americana, entre ellos el derecho a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, la participación política y la protección judicial.
También determinó que el Estado es responsable por las afectaciones sufridas por la madre de la víctima, Jackeline Riera Pietri, debido al sufrimiento generado por los hechos.
Medidas ordenadas al Estado venezolano
Además del cierre de El Helicoide, la Corte IDH ordenó a Venezuela:
- Reabrir y continuar la investigación penal para identificar y sancionar a los responsables.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Publicar la sentencia y su resumen oficial en medios de amplia circulación y plataformas estatales.
- Implementar protocolos especializados para investigar denuncias de tortura.
- Adoptar medidas de prevención contra torturas y tratos crueles.
- Crear un registro oficial y actualizado de denuncias relacionadas con torturas en El Helicoide.
- Indemnizar a las víctimas por daños materiales e inmateriales, además de cubrir costas y gastos del proceso.
La decisión representa una de las resoluciones más contundentes emitidas por la Corte IDH contra Venezuela en los últimos años y coloca nuevamente en el centro de atención internacional las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en centros de detención administrados por organismos de inteligencia del Estado venezolano.