El Gobierno de Estados Unidos criticó las recientes reformas aprobadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la legislación contra el lavado de dinero en Nicaragua, al considerar que las nuevas disposiciones buscan fortalecer el control estatal sobre la sociedad civil y ampliar los mecanismos de vigilancia financiera.
A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington aseguró que los “apologistas de Murillo-Ortega están codificando la represión una vez más” mediante cambios legales que, según afirmó, no están dirigidos a combatir la actividad criminal sino a incrementar el control político.
“El mundo ve claramente a través de estas ‘reformas’, diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para controlar aún más a la sociedad civil, congelar activos y criminalizar cualquier negocio u organización que los dictadores consideren una amenaza o que busquen saquear”, señaló la entidad estadounidense en un mensaje difundido en la red social X.
La reacción se produce días después de que la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobara un paquete de reformas a la legislación antilavado que amplía y detalla los mecanismos para la recopilación, transmisión y retención de información relacionada con el uso de tarjetas de crédito, débito y prepago por parte de los usuarios del sistema financiero.
Según especialistas consultados por medios independientes nicaragüenses, las entidades bancarias ya estaban obligadas a conservar registros de las operaciones realizadas por sus clientes. Sin embargo, las reformas fortalecen las facultades de organismos estatales como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar y acceder a esa información.
Las modificaciones no aumentan necesariamente el volumen de datos recopilados, pero sí amplían las capacidades del Estado para investigar, congelar y eventualmente confiscar activos en casos vinculados con lavado de dinero, crimen organizado y activos virtuales.
La polémica surge en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones estatales nicaragüenses. Organismos de derechos humanos y sectores críticos han denunciado durante años que el régimen ha utilizado instrumentos legales y financieros para perseguir a opositores, organizaciones civiles, medios de comunicación independientes y defensores de derechos humanos.
La reforma más reciente modifica el artículo 24 de la Ley 977 sobre pagos y transferencias de valor, instruyendo a los supervisores financieros a emitir regulaciones específicas para la recopilación y conservación de información sobre transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, débito y prepago.
Aunque expertos reconocen que muchas de estas disposiciones responden a estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero, advierten que en Nicaragua dichas herramientas han sido utilizadas en los últimos años para ampliar la vigilancia estatal y restringir espacios de participación ciudadana.
Según datos oficiales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), al cierre del primer trimestre de 2026 circulaban en Nicaragua alrededor de 1,75 millones de tarjetas de pago, con una cartera de crédito superior a los 24.000 millones de córdobas, lo que convierte al sistema financiero en una fuente estratégica de información para las autoridades.