La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una nueva declaración sobre Nicaragua durante su 56ª Asamblea General, en la que expresó su profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos, condenó las violaciones sistemáticas documentadas por organismos internacionales y exigió la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente, incluidas aquellas en condición de desaparición forzada.
La aprobación del documento representa uno de los principales resultados de la Asamblea General celebrada en Panamá y devuelve la crisis nicaragüense al centro de la agenda hemisférica, tras intensas gestiones impulsadas por organizaciones de derechos humanos, plataformas de la sociedad civil y diversos actores políticos que durante meses realizaron labores de incidencia ante gobiernos y organismos internacionales.
La declaración fue respaldada por los Estados miembros de la OEA y recoge numerosas preocupaciones planteadas en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
OEA condena violaciones y posibles crímenes de lesa humanidad
En el documento, la Asamblea General expresó su preocupación por el “socavamiento sistémico del orden democrático y las instituciones en Nicaragua”, señalando la eliminación de la separación de poderes y el cierre del espacio cívico.
Asimismo, condenó las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de derechos humanos documentados por mecanismos internacionales, algunos de los cuales, según el más reciente informe del GHREN, podrían constituir prima facie crímenes de lesa humanidad.
La resolución también insta al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales, cooperar con los mecanismos de derechos humanos y adoptar medidas para restablecer las libertades fundamentales y el ejercicio democrático del poder.
Exigen libertad para presos políticos y desaparecidos
Uno de los puntos más contundentes de la declaración es la condena al uso de la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura.
Los países miembros instaron al régimen en Nicaragua a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como a informar sobre el paradero de quienes permanecen desaparecidos.
Además, exigieron que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales, incluyendo acceso a visitas familiares y atención médica adecuada.
Preocupación por la muerte de Brooklyn Rivera
La Asamblea General también dedicó un apartado especial al caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido recientemente bajo custodia estatal.
La OEA expresó su profunda preocupación por su muerte, recordando que Rivera contaba con medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la Corte Interamericana, las cuales exigían al Estado nicaragüense proteger su vida e integridad física.
Asimismo, manifestó inquietud por denuncias de represalias contra familiares y miembros de su comunidad tras su fallecimiento.
Nacionalidad, exilio y libertad religiosa
La declaración también condena las medidas utilizadas para despojar de su nacionalidad a cientos de nicaragüenses y exige la restitución de la ciudadanía a todas las personas afectadas.
Los Estados miembros pidieron garantizar el retorno seguro de quienes se encuentran en el exilio y la devolución de bienes confiscados a las personas desnacionalizadas.
De igual manera, instaron al régimen a respetar la libertad religiosa y poner fin a actos de persecución, hostigamiento o restricciones contra líderes religiosos y comunidades de fe.
Reconocimiento al caso Roberto Samcam
Por primera vez, una declaración de la Asamblea General incluyó una referencia explícita al asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en Costa Rica.
El organismo reconoció los esfuerzos de las autoridades costarricenses para investigar el crimen y destacó la importancia de que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, rindan cuentas ante la justicia.
La inclusión del caso ocurre en medio de crecientes denuncias sobre la represión transnacional atribuida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores y críticos en el exilio.
Nicaragua vuelve al centro de la agenda hemisférica
La declaración aprobada en Panamá representa un nuevo pronunciamiento internacional sobre la crisis que vive Nicaragua desde 2018 y reafirma que la situación continúa siendo una preocupación regional.
El texto reconoce además los efectos humanitarios derivados de la crisis, incluyendo el desplazamiento de cientos de miles de nicaragüenses, y llama a los Estados a continuar brindando protección y asistencia a quienes enfrentan riesgos fuera de su país.
Finalmente, la Asamblea General solicitó al Consejo Permanente de la OEA mantener un seguimiento permanente de la situación nicaragüense e informar sobre nuevos desarrollos, mientras reiteró su disposición a facilitar un eventual retorno de Nicaragua al organismo regional.
La aprobación de esta declaración por consenso constituye uno de los mensajes políticos más contundentes emitidos por la OEA en los últimos años sobre Nicaragua y refleja que la crisis de derechos humanos, democracia y libertades fundamentales continúa siendo un tema prioritario para el continente.