Diversas plataformas de oposición democrática, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil nicaragüense aprovecharon la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar una agenda común destinada a mantener la crisis de Nicaragua entre las prioridades del hemisferio y promover acciones internacionales que contribuyan a una salida pacífica y democrática.
Las organizaciones informaron que, durante los últimos meses, desarrollaron un trabajo de incidencia con países integrantes del Grupo Voluntario sobre Nicaragua, integrado por Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica, con el propósito de lograr que la situación nicaragüense regresara a la agenda oficial de la Asamblea General, después de haber estado ausente en la edición de 2025.
Según los promotores de la iniciativa, uno de los principales logros fue precisamente la reincorporación del tema de Nicaragua en las discusiones del máximo foro político de la OEA.
Piden reconocer ilegitimidad del régimen
Como parte de sus planteamientos, las organizaciones recordaron la resolución aprobada por la OEA en noviembre de 2021, en la que se concluyó que las elecciones presidenciales celebradas ese año en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y, por tanto, carecieron de legitimidad democrática.
A partir de esa resolución, solicitaron a los Estados miembros que adecuen su relación diplomática con los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo a quienes consideran un régimen ilegítimo tanto en su origen como en el ejercicio del poder.
Asimismo, insistieron en que la comunidad internacional debe reafirmar el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades mediante procesos electorales democráticos.
“Nicaragua no puede esperar”
Las organizaciones también presentaron el documento titulado “¡Nicaragua no puede esperar! Llamado urgente a la OEA para una salida pacífica y democrática”, con el que buscan actualizar a los gobiernos del continente sobre la situación política y de derechos humanos en el país, ocho años después del inicio de la crisis de 2018.
El informe expone que, hasta mayo de 2026, al menos 46 personas permanecían encarceladas por motivos políticos y otras nueve continuaban en condición de desaparición forzada.
Además, señala que 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, miles de organizaciones civiles han sido clausuradas y más de 850.000 personas han abandonado el país desde el inicio de la crisis sociopolítica.
Caso Brooklyn Rivera
Las organizaciones destacaron el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal después de permanecer cerca de tres años detenido, incomunicado y en condición de desaparición forzada.
Según el documento presentado en Panamá, el régimen reconoció públicamente su detención únicamente cuando su estado de salud ya era crítico. Por ello, las agrupaciones exigieron pruebas de vida de todas las personas reportadas como desaparecidas y la liberación de los presos políticos que continúan detenidos.
Llamado a la acción
Finalmente, las plataformas firmantes solicitaron a los Estados miembros de la OEA utilizar todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales disponibles para contribuir a una solución pacífica de la crisis nicaragüense.
Las organizaciones consideran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para facilitar una transición democrática que permita restablecer las libertades públicas, garantizar los derechos humanos y abrir espacios de participación política en Nicaragua.
La Asamblea General de la OEA se celebra del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá, donde la situación de Nicaragua volvió a ocupar un espacio relevante en la agenda regional tras la petición de varios países del continente.