En el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizaciones de la sociedad civil realizaron el foro paralelo “¿Quo Vadis Nicaragua? Cierre Cívico, Derechos Humanos y Democracia”, un espacio dedicado a analizar la crisis política y de derechos humanos que enfrenta Nicaragua y a reclamar una mayor atención de la comunidad internacional.

El encuentro fue organizado por el Instituto para la Paz y el Desarrollo (IPADES), Fundación Libertad Nicaragua y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), y reunió a expertos internacionales, periodistas y defensores de derechos humanos que coincidieron en que Nicaragua atraviesa una etapa de cierre casi total del espacio cívico.

Durante el foro se destacó que, en los últimos años, miles de organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas por el régimen sandinista, mientras cientos de miles de nicaragüenses han sido obligados a abandonar el país debido a la persecución política.

Asimismo, los participantes señalaron que continúan registrándose detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal y severas restricciones a las libertades fundamentales.

Desnacionalización y persecución

Uno de los paneles estuvo dedicado al impacto de la desnacionalización, la cancelación masiva de organizaciones y la persecución contra líderes sociales y comunitarios.

El ambientalista y defensor de derechos humanos Amaru Ruiz Alemán, presidente de la Fundación del Río y uno de los más de 450 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, afirmó que la ofensiva del régimen ha tenido consecuencias profundas en las comunidades.

“La cancelación masiva de organizaciones no solo elimina estructuras legales; destruye redes comunitarias, silencia territorios enteros y deja a poblaciones vulnerables sin defensa”, señaló.

Por su parte, el periodista Gerall Chávez, director del medio Nicaragua Actual, resaltó el papel que desempeñan los medios independientes desde el exilio para mantener informada a la población.

“Hoy informar sobre Nicaragua es resistir. El exilio no nos ha silenciado, sino que nos ha obligado a reinventar cómo contamos la verdad frente a un sistema que criminaliza la información”, expresó.

La directora ejecutiva de JuventudLAC, Yunova Acosta, destacó el papel de los jóvenes nicaragüenses dentro y fuera del país.

“La juventud nicaragüense ha tenido que transformar el miedo en acción, organizándose desde el exilio y la diáspora para seguir defendiendo la democracia y los derechos humanos”, manifestó.

Los participantes coincidieron en que la desnacionalización, la persecución política y el cierre de organizaciones forman parte de una estrategia orientada a debilitar la participación ciudadana y restringir cualquier forma de organización independiente.

Rendición de cuentas y justicia

El segundo segmento del foro contó con la participación de Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, quien abordó la importancia de documentar las violaciones a los derechos humanos y preservar evidencias para futuros procesos judiciales.

Durante una conversación con Jonathan Duarte, director ejecutivo de Fundación Libertad Nicaragua, Simon sostuvo que las investigaciones realizadas por el mecanismo de Naciones Unidas apuntan a la existencia de un patrón sistemático de represión.

“La evidencia que hemos recopilado demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un sistema estructurado de represión que debe ser investigado y eventualmente judicializado”, afirmó.

El experto agregó que uno de los desafíos para una futura transición democrática será garantizar justicia para las víctimas y evitar la impunidad.

“La línea roja entre la transición y la justicia es que los máximos perpetradores de lesa humanidad paguen por sus crímenes y tratos crueles e inhumanos”, subrayó.

Llamado a la OEA y a la comunidad internacional

Al cierre del encuentro, los organizadores hicieron un llamado a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional para mantener la atención sobre Nicaragua y fortalecer los mecanismos de monitoreo, documentación y protección de derechos humanos.

Los participantes destacaron la importancia del trabajo realizado por organismos internacionales como el GHREN, que consideran fundamentales para documentar violaciones sistemáticas, identificar responsables, preservar evidencia y contribuir a futuros procesos de justicia.

Asimismo, insistieron en que la crisis nicaragüense trasciende las fronteras del país y representa un desafío regional que requiere una respuesta coordinada de la comunidad internacional.

La actividad se desarrolló paralelamente a la Asamblea General de la OEA, donde Nicaragua volvió a ocupar un lugar relevante en la agenda hemisférica, en medio de crecientes denuncias por la situación de los presos políticos, las desapariciones forzadas, la persecución contra la sociedad civil y el deterioro de las libertades democráticas.