La Asociación de Confiscados Nicaragüenses “19 de Abril” llamó a ciudadanos, empresas e instituciones nacionales y extranjeras a no participar en la compra de bienes confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante versiones sobre posibles subastas de propiedades y activos incautados a opositores, organizaciones y particulares.
En un comunicado divulgado este 24 de junio de 2026, la organización sostuvo que miles de familias nicaragüenses han sido afectadas por las confiscaciones ejecutadas por la dictadura y advirtió que cualquier persona o entidad que adquiera estos bienes podría enfrentar consecuencias legales en el futuro.
“La Asociación de Confiscados Nicaragüenses ‘19 de Abril’ rastreará y recuperará todos los bienes robados y/o vendidos por la dictadura a terceras personas”, señala el pronunciamiento.
La agrupación afirmó que las confiscaciones realizadas por el régimen carecen de legitimidad y legalidad, por lo que considera que las futuras transacciones sobre esos bienes no otorgarán seguridad jurídica a los compradores.
Según la organización, quienes adquieran propiedades o bienes muebles confiscados “perderán sus inversiones” una vez que se inicien procesos de recuperación patrimonial y restitución de derechos.
Durante los últimos años, el régimen de Ortega y Murillo ha ejecutado cientos de incautaciones de inmuebles, oficinas, universidades, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y propiedades privadas, muchas de ellas vinculadas a personas desnacionalizadas, exiliadas o consideradas críticas.
La Asociación de Confiscados reiteró que la adquisición de bienes obtenidos mediante confiscaciones constituye una acción contraria al derecho de propiedad y exhortó a potenciales compradores a abstenerse de participar en cualquier proceso de compra o subasta relacionado con esos activos.
“El dolor causado a miles de familias no puede convertirse en una oportunidad de negocio”, sostiene la organización, que asegura mantener su compromiso de impulsar acciones legales para la recuperación de los bienes confiscados y la restitución de los derechos de sus propietarios legítimos.
La asociación concluyó que continuará documentando los casos de confiscación y promoviendo mecanismos para que las víctimas recuperen sus propiedades en un futuro proceso de justicia y reparación en Nicaragua.