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Rosario Murillo se declara víctima de “formas de muerte”

La co-dictadora Rosario Murillo aseguró este lunes que ella y el régimen han sido objeto de “formas de muerte” promovidas por sus adversarios y afirmó que la “fe en Dios” les ha permitido vencer esos intentos.

Sus declaraciones contrastan con los señalamientos formulados por organismos internacionales, que la ubican entre las principales responsables de la represión estatal desatada en Nicaragua desde 2018 y de crímenes de lesa humanidad.

Durante su intervención diaria, Murillo describió a Nicaragua como un país “cristiano, devoto, amoroso y solidario”, y sostuvo que el pueblo ha salido victorioso gracias al “poder del amor, de la paz y de la sangre de Cristo”.

Todo lo que nos ha dado fuerza, fortaleza para luchar y vencer, todo lo que nos ha hecho vencedores de las formas de muerte que nos han querido aplicar”, afirmó la co-dictadora.

Murillo también aseguró que Nicaragua “vive bajo la protección de Dios” y contrapuso esa imagen a quienes, según ella, practican la “idolatría”, actúan con arrogancia y se creen superiores.

La paz que Dios derrama sobre nuestra Nicaragua… un pueblo humilde, un pueblo sabio, un pueblo sereno, un pueblo que camina en paz y unidad”, expresó.

Acusada de crímenes de lesa humanidad

Sin embargo, ese discurso contrasta con las conclusiones de distintos mecanismos internacionales de derechos humanos.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ha señalado a Daniel Ortega y Rosario Murillo como parte de la estructura que dirige la política represiva del Estado y los ha vinculado con crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, persecución política y privación arbitraria de la nacionalidad.

Desde las protestas de abril de 2018, organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones nacionales e internacionales han documentado cientos de personas asesinadas, miles de detenciones arbitrarias, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones civiles, así como la persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la Iglesia católica.

Las declaraciones de la co-dictadora ocurren además en medio de una nueva escalada contra la Iglesia católica, tras la detención del obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, y las denuncias sobre nuevas restricciones y hostigamientos contra sacerdotes y comunidades religiosas, hechos que han generado condenas de la comunidad internacional.