La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) volvió a colocar a Nicaragua entre los casos más graves de represión contra la prensa en América Latina, al denunciar que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado leyes de “seguridad nacional” para desmantelar prácticamente todo el periodismo independiente y forzar al exilio a decenas de comunicadores.
En su informe “Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo”, RSF alertó que los regímenes autoritarios recurren cada vez más a este argumento para perseguir periodistas, encarcelarlos, vigilarlos o expulsarlos del país bajo acusaciones que buscan criminalizar el ejercicio de informar.
La organización señala que esta tendencia se refleja claramente en Nicaragua, donde el régimen ha utilizado la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, entre otras normas, para cerrar medios de comunicación, procesar judicialmente a periodistas, obligarlos al exilio e incluso retirarles la nacionalidad.
RSF afirma que estas legislaciones, presentadas por el régimen como mecanismos para proteger la seguridad del Estado, han servido para eliminar casi por completo el ecosistema de medios independientes dentro del país y restringir severamente el acceso de la población a información libre e independiente.
La organización advierte que el uso de la seguridad nacional como argumento para reprimir a la prensa ya no se limita a contextos de guerra o terrorismo, sino que también se aplica contra periodistas que investigan corrupción, abusos de poder, crimen organizado, medio ambiente o violaciones a los derechos humanos.
El informe sostiene que esta práctica se ha extendido a escala mundial y documenta casos entre 2020 y 2026 en países como Arabia Saudita, China, Filipinas, Rusia e Israel, donde periodistas han sido acusados de terrorismo, espionaje o traición por publicar investigaciones de interés público.
En América Latina, RSF identifica a Nicaragua como uno de los ejemplos más preocupantes de esta tendencia.
Además del cierre masivo de medios independientes, denuncia que la dictadura también han recurrido a la persecución contra familiares de periodistas exiliados, la vigilancia y otras formas de hostigamiento transnacional.
La directora editorial de RSF, Anne Bocandé, advirtió que “la seguridad nacional no puede convertirse en un pretexto para silenciar a los periodistas”, y alertó que los regímenes autoritarios “aprenden unos de otros” a utilizar las instituciones del Estado para impedir el trabajo de la prensa.
El informe también menciona restricciones y presiones contra periodistas en Cuba, México, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, así como investigaciones abiertas en democracias como Francia y Estados Unidos bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional.
Recomendaciones de RSF
Como respuesta a este deterioro global de la libertad de prensa, RSF presentó diez recomendaciones dirigidas a los Estados, entre ellas limitar el uso de leyes antiterroristas contra periodistas, proteger el secreto profesional y las fuentes informativas, garantizar que los procesos judiciales contra comunicadores se desarrollen con todas las garantías y evitar que la seguridad nacional sea utilizada para restringir el derecho de la sociedad a estar informada.
Según la organización, el indicador legal de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa empeoró en más del 60 % de los países entre 2025 y 2026, debido principalmente al endurecimiento de legislaciones relacionadas con la seguridad nacional, una tendencia que, advierte, amenaza cada vez más el ejercicio del periodismo independiente en el mundo.