La desaparición forzada, exhibición pública y posterior muerte bajo custodia del histórico líder miskitu Brooklyn Rivera no fue un hecho aislado, sino la máxima expresión de una estrategia sistemática de control basada en el terror y la muerte.
Esa es la principal conclusión del más reciente informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), que califica el accionar del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una política de “necropolítica”.
La directora ejecutiva de CETCAM, la socióloga Elvira Cuadra, explicó a La Mesa Redonda que el concepto, desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, describe la forma en que los regímenes autoritarios utilizan la violencia extrema y la muerte como instrumentos para mantener sometida a la población.
“La dictadura trata de mantener el control sobre la población a partir del terror y de la muerte. El caso de Brooklyn Rivera reúne todas las características de lo que Mbembe definió como necropolítica”, afirmó Cuadra.
Según la investigadora, el régimen no solo recurre a la persecución y la cárcel, sino que convierte la posibilidad de morir bajo custodia en un mensaje dirigido al resto de la sociedad.
Brooklyn Rivera: el caso que sintetiza la necropolítica
Para Cuadra, la desaparición forzada de Brooklyn Rivera, su posterior aparición pública en evidente deterioro físico y su fallecimiento pocos días después representan la síntesis de esa estrategia represiva.
La socióloga subrayó que el caso posee además un componente adicional: su condición de líder indígena.
“Existe un tratamiento específico hacia un líder indígena que tiene un efecto demostrativo para el resto de las comunidades indígenas y para toda la población nicaragüense”, sostuvo.
El informe señala que el uso del terror y la muerte como mecanismo de dominación no comenzó con Rivera, sino que forma parte de una política aplicada desde hace varios años por el régimen Ortega-Murillo.
Nueve muertes bajo custodia estatal
El documento recuerda que al menos nueve personas han fallecido bajo custodia del Estado, entre ellas figuras como Eddy Montes, Hugo Torres, Humberto Ortega y Brooklyn Rivera.
A ello se suma la incertidumbre sobre el estado de salud de otros presos políticos desaparecidos, entre ellos Carlos Brenes, Víctor Boitano Coleman y Steadman Fagoth Müller, cuyos familiares y organismos de derechos humanos continúan exigiendo pruebas de vida.
Cuadra afirmó que negar atención médica a personas adultas mayores o con enfermedades crónicas forma parte de una práctica deliberada.
“Las personas prisioneras políticas son colocadas en condiciones donde su vida e integridad física quedan en altísimo riesgo. Existe una acción premeditada en esa dirección”, aseguró.
Desde una perspectiva sociológica, considera que estas muertes reflejan tanto la crueldad del régimen como una señal de debilidad política.
“El régimen recurre al terror porque no logra que la población se subordine ni obtenga legitimidad. En lugar del reconocimiento ciudadano, utiliza la vigilancia, la crueldad y la muerte para mantener el control”, explicó.
El despojo indígena detrás de la represión
El informe también vincula la persecución contra líderes indígenas con los intereses económicos del régimen en la Costa Caribe.
Cuadra señaló que existe una estrategia destinada a desarticular las autoridades ancestrales para facilitar concesiones mineras, forestales y extractivas, particularmente a empresas chinas.
Según explicó, el régimen ha impulsado estructuras paralelas para sustituir a los gobiernos territoriales indígenas y obtener las autorizaciones necesarias para esos proyectos.
“Ha habido un proceso de cooptación, persecución y sustitución de los liderazgos indígenas por consejos creados artificialmente por el régimen que no representan realmente a las comunidades”, denunció.
A juicio de la investigadora, esa política se intensificó entre 2022 y 2023, coincidiendo con el aumento de las concesiones otorgadas para la explotación de recursos naturales.
Presión internacional insuficiente
Respecto a la situación de los presos políticos desaparecidos, Cuadra reconoció los esfuerzos realizados por familiares y organismos de derechos humanos, pero consideró insuficiente la respuesta internacional.
Explicó que mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos de la ONU (GHREN) y otros organismos multilaterales han documentado las violaciones, aunque carecen de herramientas coercitivas para obligar al régimen a modificar su comportamiento.
A su juicio, corresponde ahora incrementar la presión desde gobiernos con capacidad de incidencia sobre Managua.
“Estados Unidos y otros países tienen capacidad para ejercer presión real. Hemos visto que, tras algunos pronunciamientos internacionales, el régimen ha mostrado pruebas de vida de personas desaparecidas. Hace falta incrementar esa presión”, afirmó.
El informe de CETCAM concluye que la desaparición y muerte de Brooklyn Rivera no constituye un episodio aislado, sino la expresión de un modelo de represión donde el control político se ejerce mediante el miedo, la violencia y la posibilidad permanente de la muerte bajo custodia estatal.