La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) alertó que al menos 310 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido forzados a abandonar Nicaragua desde 2018; y muchos de ellos, ahora enfrentan vigilancia, amenazas y otras formas de lo que la organización denomina “represión transnacional”.
El hallazgo forma parte del informe “El exilio deja de ser un refugio seguro: periodistas nicaragüenses enfrentan amenazas transnacionales y desprotección”, correspondiente al segundo trimestre de 2026, en el que la organización documentó 24 agresiones contra periodistas y medios independientes entre abril y junio.
Aunque la cifra representa una reducción respecto al trimestre anterior, la FLED advierte que el descenso no implica una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo.
Por el contrario, sostiene que las agresiones han evolucionado hacia mecanismos de control, intimidación y desgaste que afectan tanto a quienes permanecen en Nicaragua como a quienes continúan informando desde el exilio.
El exilio ya no garantiza seguridad
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la denuncia de casos de represión transnacional contra periodistas refugiados en Costa Rica.
La organización documentó que al menos siete periodistas nicaragüenses fueron víctimas de vigilancia, seguimientos cerca de sus viviendas, amenazas en redes sociales, exposición de información personal, llamadas desde números desconocidos, fotografías de sus vehículos e intimidaciones en espacios públicos.
Además, varios comunicadores recibieron advertencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre riesgos graves para su vida e integridad.
En uno de los casos más delicados, una periodista tuvo que abandonar Costa Rica de forma urgente tras recibir información sobre un riesgo inminente contra su seguridad.
Otros periodistas también cambiaron de domicilio o limitaron sus desplazamientos por recomendaciones de organizaciones de derechos humanos y de las propias autoridades costarricenses.
Para la FLED, estos hechos obligan a Costa Rica a fortalecer sus mecanismos de protección frente a posibles operaciones de persecución impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fuera del territorio nicaragüense.
La organización recordó que el asesinato del exmilitar y opositor Roberto Samcam en San José evidenció que los riesgos para los exiliados nicaragüenses deben ser tomados con mayor seriedad.
Las familias también son blanco de presión
El informe revela que la persecución no se limita a los periodistas.
La FLED recibió denuncias sobre interrogatorios, amenazas y presiones contra familiares de periodistas exiliados que permanecen en Nicaragua, con el objetivo de impedir que continúen colaborando con medios independientes que operan desde el exterior.
Según la organización, estas acciones buscan romper los vínculos entre los reporteros que aún permanecen dentro del país y las redacciones instaladas en el exilio, profundizando el aislamiento y fortaleciendo la censura.
Asimismo, periodistas que permanecen bajo vigilancia policial denunciaron haber sido interrogados sobre posibles colaboraciones con medios independientes.
Obstáculos para reconstruir sus vidas
Además de los riesgos para su seguridad, los periodistas exiliados enfrentan múltiples barreras administrativas que dificultan reconstruir sus proyectos de vida.
La FLED documentó restricciones impuestas por instituciones estatales nicaragüenses para autenticar documentos, apostillar títulos universitarios, obtener certificados académicos o realizar otros trámites indispensables para continuar estudios o acceder a empleos en el extranjero.
En varios casos, familiares que intentaron gestionar estos documentos fueron intimidados por funcionarios públicos.
La organización sostiene que estas prácticas constituyen una forma adicional de castigo contra quienes ejercieron un periodismo independiente.
Costa Rica tampoco ofrece condiciones fáciles
El informe también expone las dificultades que enfrentan los periodistas solicitantes de refugio en Costa Rica.
Doce comunicadores consultados afirmaron que todavía esperan una resolución de sus solicitudes migratorias, situación que les impide acceder fácilmente a contratos de alquiler, empleo formal o servicios financieros.
Muchos propietarios exigen contratos laborales, registros tributarios o afiliación a la seguridad social, requisitos imposibles de cumplir mientras sus trámites migratorios siguen pendientes.
En algunos casos, periodistas que recibieron recomendaciones oficiales para cambiar de vivienda por motivos de seguridad no pudieron hacerlo precisamente por esas limitaciones económicas y administrativas.
Continúa el hostigamiento digital
La FLED señala que la mayor parte de las agresiones documentadas durante el trimestre ocurrió en el entorno digital.
Las campañas de hostigamiento incluyen insultos, amenazas, desinformación y ataques coordinados en redes sociales dirigidos especialmente contra periodistas que continúan informando desde el exilio.
Las mujeres periodistas siguen siendo las principales víctimas de ataques relacionados con su apariencia física y su vida personal.
El informe también registra que la co-dictadora Rosario Murillo se refirió públicamente en varias ocasiones a periodistas independientes como “propagandistas de la mentira” y afirmó que “tendrán su castigo”, expresiones que, según la organización, alimentan el discurso de odio y legitiman nuevas agresiones.
Dos nuevos periodistas obligados al exilio
Entre abril y junio de 2026, dos periodistas abandonaron Nicaragua tras sufrir acoso policial y temor a ser encarcelados.
Con estos nuevos casos, el número de periodistas y trabajadores de medios obligados a salir del país desde el inicio de la crisis en 2018 ascendió a 310.
La organización advierte que muchos comunicadores continúan informando desde Nicaragua bajo condiciones de clandestinidad, modificando horarios, restringiendo sus desplazamientos y utilizando mayores medidas de seguridad para protegerse de posibles represalias.
Piden mayor protección internacional
Ante este panorama, la FLED hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener la vigilancia sobre la situación del periodismo nicaragüense y brindar mayor protección a quienes ejercen la profesión desde el exilio.
La organización instó al Estado costarricense a implementar protocolos específicos frente a posibles casos de represión transnacional y pidió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cesar la persecución contra periodistas y medios independientes.
“Proteger a un periodista no consiste únicamente en evitar una agresión; también implica garantizar que pueda trabajar, desplazarse y vivir con seguridad”, concluye el informe.