El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó el traspaso de 14 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en una nueva transferencia de bienes robados que, según la dictadura, busca fortalecer la cobertura de la seguridad social, pero que ocurre en medio de cuestionamientos por el uso de inmuebles expropiados para apuntalar financieramente a la institución.

La medida fue aprobada mediante los Acuerdos Presidenciales 97, 98 y 99-2026, publicados en La Gaceta, y contempla el traslado de 11 inmuebles en Managua, dos en León y uno en Carazo.

Bienes confiscados pasan al patrimonio del INSS

Los acuerdos establecen que la Procuraduría General de la República y el presidente del INSS deberán suscribir las escrituras públicas de donación ante la Notaría del Estado y realizar todos los trámites legales necesarios para formalizar la transferencia.

Asimismo, el Consejo Directivo del INSS deberá aprobar la aceptación de los inmuebles antes de incorporarlos oficialmente al patrimonio de la institución.

Aunque el régimen sostiene que el objetivo es fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura para los trabajadores, organizaciones de derechos humanos han señalado que estos bienes provienen, en numerosos casos, de confiscaciones ejecutadas contra opositores políticos, organizaciones civiles, universidades, empresas privadas y medios de comunicación.

El INSS ha recibido cientos de propiedades expropiadas

La entrega de estos 14 inmuebles se suma a una práctica que el régimen ha mantenido durante los últimos años.

El INSS ha recibido cientos de propiedades confiscadas, entre ellas edificios pertenecientes a organizaciones no gubernamentales ilegalizadas, hoteles, terrenos, empresas, viviendas y otros bienes que fueron incautados por la dictadura Ortega-Murillo tras la cancelación de personerías jurídicas o la confiscación de patrimonios de personas consideradas opositoras.

Estas transferencias permiten incrementar el patrimonio contable del INSS y mejorar artificialmente sus balances financieros, en un contexto en el que la institución continúa enfrentando problemas estructurales derivados del déficit del sistema de pensiones.

Diversos organismos de derechos humanos han denunciado que las confiscaciones realizadas por el régimen violan el derecho a la propiedad privada y las garantías del debido proceso, al ejecutarse sin resoluciones judiciales independientes.