La organización opositora UNAMOS condenó la eliminación masiva de abogadas y abogados del registro profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que la medida constituye “una nueva escalada represiva” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y un nuevo golpe contra el Estado de derecho en Nicaragua.
En un comunicado divulgado este 10 de julio, la organización afirmó que la exclusión de un número indeterminado de profesionales del derecho fue ejecutada sin notificación previa ni debido proceso, por lo que calificó la decisión como un acto “vertical y arbitrario” carente de sustento jurídico o administrativo.
“La justicia se convirtió en un instrumento de control político”
UNAMOS sostuvo que la medida confirma la utilización de las instituciones del Estado como mecanismos de persecución política.
“Se trata de un acto vertical y arbitrario que confirma la total instrumentalización de las instituciones del Estado, utilizadas una vez más como herramientas de control político, de castigo y de exclusión”, señaló la organización.
Agregó que el régimen continúa utilizando el sistema de administración de justicia para “infundir terror, conculcar los derechos de los ciudadanos y erradicar cualquier vestigio de independencia profesional”.
Advierten que la ciudadanía queda sin defensa independiente
La organización advirtió que las consecuencias de la cancelación de abogados no afectan únicamente a los profesionales sancionados, sino también a toda la población.
Según UNAMOS, al impedir que abogados ejerzan su profesión, también se limita el derecho constitucional de los ciudadanos a contar con una defensa legal independiente, profundizando el desmantelamiento del Estado de derecho y generando un escenario de “absoluta indefensión jurídica”.
Solidaridad con los abogados afectados
UNAMOS expresó su solidaridad con todos los abogados y notarios excluidos del registro profesional, independientemente de su posición política.
“Ninguna decisión arbitraria puede borrar su formación, su trayectoria profesional ni su compromiso con la justicia”, manifestó la organización.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos e instancias regionales para documentar estos hechos, exigir el restablecimiento del debido proceso y continuar denunciando lo que calificó como una escalada represiva en Nicaragua.
Piden revertir las medidas en una transición democrática
En su pronunciamiento, UNAMOS sostuvo que todas las disposiciones arbitrarias adoptadas por el régimen deberán ser revisadas y anuladas en un eventual proceso de transición democrática.
La organización afirmó que la restitución de las credenciales profesionales a los abogados afectados y la recuperación de la independencia del Poder Judicial serán condiciones indispensables para reconstruir el sistema democrático y restablecer la confianza ciudadana en la justicia.
“La justicia no puede estar al servicio del poder. La independencia de la profesión jurídica es una condición indispensable para la democracia y el respeto de los derechos humanos”, concluye el comunicado.