El abogado húngaro Reed Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, denunció que la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia constituye una nueva escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al impedirles ejercer la profesión sin notificación, sin proceso y sin derecho a defensa.
En una declaración enviada a la agencia EFE, Bródy afirmó que los abogados afectados fueron excluidos del sistema judicial sin previo aviso y sin ningún procedimiento legal.
“Hemos hablado con varios de los abogados afectados. Nos cuentan que se enteraron sin notificación previa y sin ningún proceso. Simplemente ya no aparecen en el sistema, y con eso quedan impedidos de ejercer”, alertó.
El experto, conocido internacionalmente como el “cazador de dictadores”, sostuvo que esta decisión forma parte del patrón de represión impulsado por el régimen sandinista contra los espacios independientes del país.
“Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora le toca a la abogacía. Es el mismo método: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano”, advirtió.
Bródy recordó que hace más de tres décadas participó en la elaboración de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, los cuales establecen que ningún profesional puede ser apartado del ejercicio sin un proceso disciplinario justo e independiente.
Según explicó, en el caso de Nicaragua esos estándares fueron completamente ignorados.
“En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada”, afirmó.
El jurista citó el Principio 28 de esos estándares internacionales, que establece que las actuaciones disciplinarias contra abogados deben ser conocidas por un comité imparcial, un organismo independiente o un tribunal judicial, y que sus decisiones deben poder ser revisadas judicialmente.
La denuncia del experto de la ONU se produce después de que numerosos abogados nicaragüenses reportaran haber desaparecido del Registro Público de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia, sin recibir comunicación oficial sobre las razones de la medida.
De acuerdo con denuncias de profesionales afectados y fuentes judiciales citadas por la prensa nicaragüense, al menos 2.000 abogados habrían sido eliminados del registro profesional.
Hasta el momento, ni la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni la Corte Suprema de Justicia han explicado públicamente las razones de esta eliminación masiva ni el procedimiento utilizado para ejecutarla.