El Gobierno de República Dominicana condenó “en los términos más enérgicos” el anuncio del dictador nicaragüense Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua y advirtió que ningún gobierno tiene derecho a privar a su pueblo de la posibilidad de elegir libremente a sus autoridades.
En un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo dominicano calificó las declaraciones de Ortega como un abierto desconocimiento de los principios fundamentales de la democracia representativa y de los derechos políticos del pueblo nicaragüense.
“Una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales”, afirmó la Cancillería.
Invoca la Carta Democrática Interamericana
El Gobierno dominicano recordó que el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
Asimismo, subrayó que las elecciones periódicas, el sufragio universal y secreto, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho constituyen elementos esenciales e irrenunciables de cualquier sistema democrático.
El comunicado enfatiza que la alternancia en el poder no puede ser eliminada por decisión unilateral de quienes ejercen el gobierno.
“Ningún gobierno puede cerrar la vía electoral”
República Dominicana sostuvo que ninguna administración puede atribuirse la facultad de impedir que la ciudadanía exprese periódicamente su voluntad mediante el voto.
“Ningún gobierno puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder”, señala el pronunciamiento.
El Gobierno dominicano instó al régimen a revertir esa posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población.
En particular, pidió asegurar el derecho de los ciudadanos a participar en procesos electorales “auténticos, competitivos y democráticos”.