La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró preocupación sobre proyectos legislativos o decretos anunciados con el argumento de sancionar la difusión de noticias falsas en países como Nicaragua, y otros de América Latina que cortan las libertades de expresión y prensa.
Durante su 76ª Asamblea General, celebrada de forma virtual del 21 al 23 de octubre, la SIP aprobó una resolución en la cual insta al régimen en Nicaragua a que “deben dejar de lado decretos, leyes y disposiciones administrativas que buscan crear desde el Estado reglas éticas para los medios o detener el sensacionalismo o la desinformación a través de las redes sociales”.
La SIP indicó que leyes como el proyecto de “Ley Especial de Ciberdelitos” en Nicaragua —que castiga entre dos y cuatro años de cárcel a quien difunda información falsa en el ecosistema digital y provoque temor o zozobra en la población—“instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión”, recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El organismo consideró que con esta legislación “impulsa la creación de una instancia para vigilar y sancionar la información maliciosa, medidas que restringen distintos aspectos de la libertad de prensa y de expresión”.
La SIP pidió a los Estados, incluida Nicaragua a que hagan suya la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que establece en su décimo artículo que: “La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital” y alienta a los intermediarios tecnológicos a “adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación”.