*Francisco Samper Blanco
Pareciera que ese es el lema del dictador de Nicaragua. Esa frase se le atribuye al Rey Luis XV de Francia cuando se gestaban los acontecimientos revolucionarios en la sociedad francesa del siglo XVIII. El señor Tomás Borge lo dijo a su manera: “Hagamos lo que tengamos que hacer, lo peor que nos puede pasar es perder el poder”.
Hoy miércoles 9 de febrero entró en vigencia, al publicarse en La Gaceta, la Ley No. 1061, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas, Consumidoras y Usuarias.” Esta ley es el fuerte aderezo que el dictador aplica a su coctel de leyes represivas en contra de la ciudadanía nicaragüense. ¿Es el último aderezo? quien sabe.
Aunque pequemos de reiterativo, es importante recapitular sobre las consecuencias de la aplicación de esta Ley.
Posibles consecuencias de la Ley.
En primer lugar, con la sola entrada en vigencia de la Ley, se afecta directamente la inversión privada, ya que ningún inversionista nacional o internacional, “con un dedo de frente” va a invertir en un país donde se emite una disposición legal que pretende obligar al sector financiero a transar con sancionados en la esfera financiera internacional.
La reducción de la inversión incrementará el desempleo, habrá menos afiliados al INSS (continuará con la erosión de sus finanzas), disminuirá la recaudación tributaria, entre otras consecuencias.
En segundo lugar, el país puede salir de la cadena de cobros y pagos internacionales. ¿Qué implica eso? Recordemos que los bancos locales tienen bancos corresponsales en el exterior, a través de los cuales se hacen transferencias financieras, ya sea para el exterior o para el interior del país.
Por tanto, eso podría afectar el comercio internacional (exportaciones-importaciones), incluyendo las exportaciones de la zona franca, lo que también puede generar el cierre de ese tipo de empresas; o sea, que pondría en entredicho los diferentes tratados comerciales que ha suscrito Nicaragua, entre ellos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como DR Cafta.
También afectaría la circulación de tarjetas de créditos y de débitos ya que los bancos locales no son emisores de dichas tarjetas; todos volveríamos al dinero en efectivo para los pagos locales.
Otro aspecto importante es que perturbaría las remesas familiares ya que estas se hacen a través de diferentes instituciones financieras, en otras palabras, los sectores vulnerables y pobres de la población saldría perjudicada directamente. Recordemos que las remesas familiares son el principal sostén del consumo y por tanto de toda la economía nacional.
En tercer lugar, podría generar inflación. Efectivamente, esa Ley al crear incertidumbre y desconfianza va a promover los pagos locales en efectivo, provocando una mayor necesidad para la obtención de saldos líquidos, en palabras sencillas, un aumento en el requerimiento de dinero de parte del público, lo que también generará una mayor velocidad de circulación del efectivo, y estando nuestro Producto Interno Bruto (PIB) deprimido desde el 2018, esa situación puede engendrar inflación. Los de mayor edad, conocemos el nefasto efecto de ese fenómeno económico.
Finalmente, y no menos importante, una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos público (incluido los del INSS). En efecto, la probable caída de la inversión privada, de las remesas familiares, del consumo, del comercio internacional, por tanto, una continuación del decrecimiento de nuestra economía, provocaría inmediatamente una afectación directa de nuestras finanzas públicas.
En síntesis, la aplicación de esa Ley traería una mayor pobreza a la población.
¿Qué pretende la dictadura?
Es la pregunta del millón. Como diría un colega economista, en el gobierno aún están algunos economistas inteligentes que saben perfectamente que ese tipo de Ley puede provocar el derrumbe de la economía, el apocalipsis dice otros. Entonces, ¿qué pretende la dictadura con chantajear a los banqueros y poner una bomba de tiempo a la economía del país?
Me atrevería a brindar algunas hipótesis o conjeturas, a saber:
- Obligar a los banqueros para que estos sigan comprando Bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recientemente el Estado emitió Bonos del Tesoro por la cantidad de U$140 millones de dólares con el propósito de financiar el Presupuesto General de la República 2021. Ese Acuerdo es visible en La Gaceta No. 19 del 28 de enero de 2021. El Acuerdo fue suscrito por el sancionado Iván Acosta. ¿Esto afectaría la transacción de los bonos en el mercado bursátil?
- Que los banqueros respalden “los resultados” de las elecciones de noviembre de 2021, pese al fraude que puede cometer o cometería la dictadura.
- Que los banqueros realicen lobby a favor de la dictadura ante el congreso y administración norteamericana. Recordemos que el término de las sanciones concluye el 28 de noviembre de este año. La administración Biden tendrá que suspender o renovar.
Me apunto a una combinación de las tres. Pero, otra pregunta de un millón, ¿cederán los banqueros al chantaje de la dictadura? Pago por ver.