La empresa de gas guatemalteca Tomza confirmó este viernes su expropiación por el régimen de Daniel Ortega, seis años después de haberse instalado en Nicaragua y sin haber conseguido operar en el país.
“La envasadora de gas licuado Tomza, con presencia en diferentes países de Centroamérica, se convirtió en una de las últimas empresas expropiadas por el gobierno nicaragüense”, aseguró la firma en un comunicado de prensa.
El director de Relaciones Corporativas de Tomza Centroamérica, Fernando Carreón, aseguró a la Agencia Efe en Guatemala que la expropiación se dio formalmente en noviembre de 2020 de manera “silenciosa”, sin haber recibido comunicación alguna de las autoridades.
No fue hasta el 15 de marzo pasado que Tomza se enteró de la expropiación cuando fueron informados de que los portones del terreno que habían adquirido en 2015 “estaban pintados de verde, el color que utiliza Petronic”, la empresa controlada por la familia Ortega-Murillo.
El cambio le llamó “la atención y nos pusimos a investigar. El abogado nos dijo que se acababa de dar cuenta de que la propiedad fue expropiada en noviembre de 2020, el año del inicio de la covid-19, en un tiempo en el que casi nadie viaja y en que los gobiernos operan a medio tiempo”, manifestó.
Según el relato de Carreón, Tomza, dueña de la empresa Tropigas, fue autorizada a iniciar construcciones en Nicaragua en 2015. Ese año compró un terreno en el municipio de Tipitapa, a 30 kilómetros de Managua y comenzó la construcción.
Pero, “el 7 de junio de 2016, cuando la construcción iba en 92 por ciento de avance, nos notifican la cancelación del permiso por parte del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y enseguida nos sacan de la propiedad, que queda resguardada por la Procuraduría General de la Nación”, narró.
Carreón afirmó que Tomza no estaba “haciendo nada diferente al resto de empresas” de gas y esgrimió que cuando los sacaron del terreno contaban con 85 trabajadores en el área de construcción y capacitación y su meta era contratar a 235 empleados, “pero ya no se concretó esa oportunidad”.
La inversión perdida es de “4 millones de dólares de capital guatemalteco, que se suman a la falta de empleo e incertidumbre legal”, soslayó Carreón.
La empresa esgrimió en el comunicado compartido a Efe que el suyo “no es el único caso, ya que en los últimos años los medios de comunicación también han enfrentado persecución y expropiación, tal es el caso del medio Confidencial y 100% Noticias, así como oenegés enfocadas en derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)”.
La empresa agregó que “si bien la expropiación de bienes es un derecho público, constitucional y administrativo de la nación, que se concreta en la transferencia de la propiedad privada desde al Estado; interviene también, una serie de garantías y derechos para las empresas, que por años han generado fuentes de empleo en la nación”.
*Con EFE