Los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violenta Granera siguen detenidos y en condición de incomunicados a más de tres semanas de emitida la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó al Estado de Nicaragua su liberación inmediata.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, que solicitó a la Corte IDH -con sede en Costa Rica- medidas provisionales para los cuatro detenidos y sus núcleos familiares ante la gravedad de su situación, se desconoce si el régimen de Daniel Ortega habría establecido comunicación con la máxima autoridad de derecho humanos del continente para abordar el contenido de la sentencia.
“En las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir de otras fuentes de información datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas. Para los mismos efectos, podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos”, dicta el numeral 8 el Artículo 27 del reglamento de la Corte IDH, sobre cumplimiento de sus mandatos.
La supervisión del cumplimiento de medidas provisionales se hará por medio de informes estatales y con observaciones de los beneficiarios de las mismas o sus representantes legales, agrega.
A la fecha han transcurrido 19 días desde que la CIDH solicitó las medidas provisionales y 18 desde que la Corte diera el veredicto que está obligado a cumplir el estado nicaragüense al ser firmante de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Observadores de derechos humanos sobre el terreno, han confirmado que la situación de los detenidos amparados por medidas cautelares desde la CIDH y los protegidos con medidas provisionales por la Corte IDH continúan en la misma situación con el agravante que el número de presos crece cada día.
“La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad”, dijo la Corte IDH en su resolución del 24 de junio.
Y reseñó la “especial importancia” de la sentencia emitida en un contexto de profunda crisis en materia de derechos humanos en el país que desarrollaría elecciones generales el 7 de noviembre próximo donde el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), comandado por Ortega y su esposa Rosario Murillo, acudirían a las urnas para ser reelegidos, sin contrincantes.
A la falta de cumplimiento de la orden de la Corte IDH, crecen las detenciones arbitrarias de opositores e intimidación de defensores de derechos humanos por parte del régimen de Ortega y Murillo que en 2021 cumplen 14 años consecutivos en el poder.
*Con VOA