Suiza aplicó sanciones este lunes a siete funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que incluyen a dos de sus hijos, también al Consejo Supremo Electoral, Policía Orteguista y Telcor. Estas últimas por su participación en la “farsa electoral” del pasado 7 de noviembre.
Los siete funcionarios sancionados son:
Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Laureano Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nahima Díaz, titular de Telcor, hija del primer comisionado Francisco Díaz y nuera de Ortega.
Brenda Rocha, magistrada titular del CSE.
Cairo Amador, magistrado vicepresidente del CSE.
Lumberto Campbel, magistrado expresidente del CSE.
Luis Ángel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos.
Motivo de las sanciones
Camila Antonia Ortega Murillo: está muy involucrada en acciones de apoyo a la pareja “presidencial”, como asistente personal de su madre y como vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. También es directora de la plataforma Nicaragua Diseña y del canal de televisión Canal 13.
“Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las fraudulentas elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, creando cuentas falsas en diferentes plataformas de medios sociales”, argumentó la Secretaría de Estado de Economía (SECO), de Suiza.
Camila Ortega “ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica, mientras restringe la pluralidad editorial y la persecución de periodistas y medios de comunicación independientes, eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral real”.
“Ha desempeñado un papel central en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense. Por lo tanto, se le asocia con personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de los derechos humanos y está apoyando dicha represión y violaciones”.
Laureano Facundo Ortega Murillo: ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes de la oposición política nicaragüense y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de “terroristas”.
Ha actuado como asesor económico de su padre Daniel Ortega y del régimen a través de la agencia gubernamental ProNicaragua. “Además, es responsable del funcionamiento de BanCorp, una entidad cuyo objetivo principal es ayudar, patrocinar y apoyar financieramente las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo”.
Brenda Rocha: presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 que, por su falta de transparencia, de verdadera oposición y de debate democrático, socavaron las instituciones y los procesos democráticos.
“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. Por tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señaló la entidad.
Por estas mismas razones también fueron sancionados los magistrados Cairo Amador y Lumberto Campbell.
Nahima Díaz Flores: es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor), que ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias desde 2018.
Durante la campaña de las elecciones generales de 2021, “Telcor estuvo implementando campañas de desinformación a gran escala”, afirmó Suiza.
“En su cargo, Nahima Díaz Flores ha actuado como partidaria del régimen de Ortega, y ha comandado y operado acciones de desinformación y vigilancia a través de Telcor sobre la sociedad civil y la oposición democrática. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia en Nicaragua”.
Luis Ángel Montenegro: titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). En ese cargo es responsable de la persecución de los actores financieros que se resisten a las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero.
“Fue nombrado para ese cargo directamente por Daniel Ortega, como premio a su lealtad. En su anterior función como Contralor General de la República se encargó de que las actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega”, dice Suiza.
Estas personas están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la Suiza poner fondos a su disposición. También están sujetas a una prohibición de viajar o transitar en ese país.
Policía Orteguista: sancionada “por ser responsable del trato degradante incluida la tortura física y psicológica, de quienes se oponen al régimen de Ortega”.
“Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes sin ninguna garantía legal y democrática. La Policía Nacional fue fundamental para que Daniel Ortega no se enfrentara a ninguna oposición democrática real durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021”, dice Suiza.
Consejo Supremo Electoral (CSE): órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que por su falta de transparencia, verdadera oposición y debate democrático, socavaron las instituciones y los procesos democráticos.
“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. El CSE es, por tanto, responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señaló Suiza.
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor): ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias durante la represión de 2018 y después de las elecciones generales de 2021.
“Durante la campaña de las elecciones generales, Telcor estuvo implementando una campaña de desinformación a gran escala. Como institución encargada de la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, Telcor ha estado comandando y operando acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática”, apuntó Suiza.
«El Gobierno hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a respetar y defender los derechos humanos inscritos en el derecho interno y en el derecho público internacional, en particular la libertad de expresión y de reunión», indicó el Departamento Federal mediante un comunicado.
Aseguró también que «en consideración de los cuarenta años de compromiso en favor del desarrollo de Nicaragua, Suiza está lista para apoyar los esfuerzos dirigidos a encontrar una solución pacífica al conflicto sociopolítico» en Nicaragua.