Familiares de los presos políticos que se encuentran detenidos en ‘El Chipote’ lanzaron esta semana una alerta por las persistentes condiciones en las que estos se encuentran, haciendo énfasis en los de la tercera edad.
Dentro de la lista de reos de la tercera edad se destacan exdiplomáticos, como el exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y Canadá, Francisco Aguirre Sacasa; también el exembajador Edgard Parrales, de 79 años, quien fue operado hace 10 años del intestino grueso, por lo que debe tener una alimentación balanceada.
También el opositor José Pallais, de 68 años, quien padece múltiples enfermedades crónicas, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, según ha manifestado su familia.
Pallais sufre apnea del sueño, problemas en la columna, diabetes, hipertensión y obesidad, por lo que su familia ha pedido medidas adecuadas, sin obtener respuesta.
Los exguerrilleros sandinistas Víctor Hugo Tinoco y Dora María Téllez, ambos de 69 años, también están en condiciones vulnerables y sometidos a aislamientos e interrogatorios constantes.
“La salud de las personas de la tercera edad está en situación crítica. Nos alarma las situaciones en que se encuentran: José Pallais, con una pérdida de casi 90 libras de peso y su estado de debilidad física que le ha llevado a sufrir desmayos; la de Mauricio Díaz, que se ha desmayado dos veces, tiene manchas en su piel y lagunas mentales”, dijeron los familiares.
En el caso del exembajador Edgar Parrales, la familia dijo que este carece de intestino grueso, por lo que “presenta mareos, tiene una hernia y ha perdido 16 libras en 63 días”.
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Reos de la tercera edad pueden llevar procesos en sus casas
Según lo establecido en la Ley del Adulto Mayor en Nicaragua, que aplica a personas mayores de 60 años, a estos se les debe garantizar ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con gratuidad, inmediatez, con las debidas garantías procesales, que les ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Sin embargo, es algo que no se ha visto, aseguró a la Voz de América el abogado Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien menciona que incluso la legislación penal reconoce o establece las posibilidades de que estas personas estén llevando su proceso en sus casas.
“Eso es perfectamente posible, la ley lo permite. Podrían tener un régimen totalmente distinto. Es absolutamente inconcebible que personas como el opositor José Pallais, que tiene diversas enfermedades, o el mismo exguerrillero Hugo Torres, que son personas que tienen más de 70 años, estén en este momento privadas de libertad, pero es absolutamente posible y es lo que está pasando en el régimen de Daniel Ortega, que no respeta de ninguna manera los derechos que están contenidos no solamente en la Constitución política”, dijo Arce.
El abogado alerta que las condiciones a las que están siendo sometidos estos opositores “ponen en riesgo la vida de estas personas, su integridad física y su integridad psicológica. De tal manera que estamos hablando de que estas personas están en peligro incluso de muerte y no solamente en peligro de muerte, sino en una situación de riesgo inminente y por eso la Comisión Interamericana ha otorgado medidas cautelares a una buena parte de los privados de libertad”.
“El Código Procesal Penal de Nicaragua establece que un proceso con reo detenido debe durar alrededor de tres meses. De tal manera que, en este caso, el judicial lo que está haciendo es someter a una decisión que es totalmente política y está suspendiendo de manera indefinida el proceso penal”, dice al respecto Juan Carlos Arce.
Arce explica que una audiencia judicial puede suspenderse si, por ejemplo, el privado de libertad se enfermó o el abogado no llegó.
“Es decir, se suspende pero se reprograma, no se puede suspender indefinidamente. En el caso concreto, lo que estamos viendo es que el poder ejecutivo, en este caso el señor Ortega y la señora Murillo, controlan todas las variables de poder del proceso judicial de tal manera que son ellos los que están determinando cuándo se inicia el proceso, son ellos los que están determinando por qué delito se acusa”, concluyó Arce.