Amnistía Internacional denunció el lunes que periodistas, defensores de los derechos humanos y profesionales de la salud “siguieron enfrentándose a un entorno hostil” en 2021 en Nicaragua, y que el régimen de Daniel Ortega encarceló arbitrariamente a algunos de ellos.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía denunció además las condiciones “precarias” en la que se encuentran los opositores encarcelados, los allanamientos a medios de comunicación, y la “criminalización” de la que son objeto los defensores de los derechos humanos.
“Periodistas, defensores de los derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil. Con frecuencia, se recluyó arbitrariamente a activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas”, señaló la organización con sede en Londres.
ALLANAMIENTO, DETENCIÓN Y EXILIO
En el documento, Amnistía recordó que en mayo el régimen abrió una “investigación” sobre la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, por acusaciones relacionadas con blanqueo de dinero.
Por ese caso, mantienen bajo custodia a la directora de la Fundación, la periodista Cristiana Chamorro, que la semana pasada fue condenada a ocho años de prisión.
Chamorro, vicepresidenta de la Junta Directiva del diario La Prensa e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado.
Asimismo, Amnistía anotó que las sedes de la revista Confidencial y el programa de televisión ‘Esta Semana’ fueron allanadas en mayo, y que su director, Carlos Fernando Chamorro, se vio obligado a exiliarse de nuevo.
“En agosto, el periódico La Prensa fue objeto de un allanamiento y sus bienes quedaron confiscados. Su gerente (Juan Lorenzo Holmann) fue detenido (y declarado culpable) por cargos relacionados con el blanqueo de dinero”, apuntó.
En tanto, los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza fueron encarcelados en junio y condenados por delitos considerados de “traición a la patria”.
“Durante el año (2021), el entorno hostil y los ataques permanentes de las autoridades provocaron que varios periodistas huyeran del país”, advirtió.
ILEGALIZAN ONG Y CRIMINALIZAN A DEFENSORES DE DDHH
En el caso de los activistas y las ONG que defienden los derechos humanos en Nicaragua siguieron “enfrentándose a un entorno sumamente hostil”, afirmó Amnistía.
Observó que el año pasado la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los orteguistas, ilegalizó a al menos 45 ONG, y que “las personas que defendían los derechos humanos eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria”.
“Las defensoras de los derechos humanos sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas”, sostuvo.
Al menos dos personas que defendían los derechos humanos fueron acusadas en virtud de la Ley Especial de Ciberdelitos, “y se tuvo noticia de que otras fueron sometidas a actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas”, según el documento.
Asimismo, Amnistía advirtió de que “las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno” y que hasta diciembre permanecían en prisión 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018.
Esa entidad también recogió denuncias sobre las “condiciones de reclusión precarias” en la que se encuentran los encarcelados, los malos tratos, el régimen de incomunicación, y que algunas de las mujeres detenidas en 2021 “habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias”.
En el documento, Amnistía también denunció que los pueblos indígenas siguieron “soportando violencia”, y que las autoridades “no proporcionaron información precisa sobre la pandemia de la COVID-19”.
*Con EFE